Los sueldos provocaron fuertes deserciones en el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, la Gendarmería y la Prefectura; además, la abultada deuda de la obra social impacta en el acceso de los uniformados y sus familiares a medicamentos de alto costo.
Araíz de los bajos salarios, más de 2200 efectivos de las Fuerzas Armadas y de seguridad pidieron la baja en lo que va del año, en una situación novedosa que genera una fuerte preocupación en los altos mandos militares, así como en la Gendarmería y la Prefectura Naval.
A la preocupante cuestión salarial, que lleva a muchos oficiales y suboficiales a sobrevivir por debajo de la línea de pobreza, se suma el descontento generalizado por la dramática situación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa), que mantiene una deuda superior a los $160.000 millones e interrumpió en casi todo el país la cobertura de prestaciones de medicina de alto costo.
Fuentes castrenses confirmaron a LA NACION que este año se incrementaron las bajas pedidas por oficiales y suboficiales. En el Ejército dejaron la actividad militar 257 efectivos, un número superior a ejercicios anteriores. El mismo camino siguieron 234 miembros de la Armada y 193 de la Fuerza Aérea. La preocupación se extiende a la Gendarmería (386 pedidos de baja), la Prefectura Naval (322), la Policía Federal (412), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (177) y el Servicio Penitenciario Federal (292), lo que suma un total de 2273 deserciones en los primeros seis meses de 2025.
Deserciones en las Fuerzas Armadas y de seguridad
Las bajas en el Ejército -257 militares- representan una proporción alta, si se tiene en cuenta el número de militares que se incorporan a la fuerza. Cada año egresan de las unidades de formación unos 600 suboficiales y unos 100 oficiales, revelaron voceros castrenses.
La inquietud por los altos niveles de deserción fue confirmada también por fuentes cercanas a las fuerzas de seguridad.
La línea de pobreza para una familia tipo, según el Indec, ascendía en junio último a $1.128.398.
Tanto en las Fuerzas Armadas como en los organismos de seguridad, los bajos salarios impactan particularmente en las jerarquías más bajas. Mientras un capitán y un teniente de navío cobran $1.055.067, el nivel salarial de un teniente primero y un teniente de fragata llega a $938.420, mientras un teniente del Ejército y un teniente de corbeta perciben $846.017, y un subteniente, un guardiamarina y un alférez –las categorías más bajas entre los oficiales- cobran $766.215.
Entre los suboficiales, un sargento y un cabo principal perciben $810.933, un cabo primero, $ 727.764, y un cabo segundo, $673.588.
Desaliento y otras opciones
Un general del Ejército en actividad recordó a LA NACION que el gobierno de Córdoba, por ejemplo, creó este año una policía especial antidrogas e incorporó a oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas que pidieron la baja. Les reconocieron los años de servicios y les mejoraron los ingresos. “Un suboficial subalterno con 15 años de servicio, que cobraba $750.000, pasó a cobrar $2 millones y a tener una buena obra social”, explicó la fuente militar.
La mayoría de las bajas registradas en Córdoba correspondió a personal con formaciones especiales, compañías de comando, buenos paracaidistas. “No se fue cualquiera. No se fueron los vagos, sino personal de mucho valor”, reveló un alto jefe militar.
Se trata, de todos modos, de una problemática que comenzó a mostrar síntomas hace algunos años. “Cuando se formó la Policía de la Ciudad de Buenos Aires fue una catástrofe para las Fuerzas Armadas. Reclutaron lo mejor y nadie en las fuerzas ni en el Ministerio de Defensa hizo algo para evitarlo”, comentó una voz castrense.
“Las policías de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires sumaron elementos de operaciones especiales de la Armada. En esa ocasión, la Agrupación de Comandos Anfibios y la Agrupación de Buzos Tácticos, quedaron prácticamente diezmados, incapaces de reemplazar las bajas que habían tenido”, agregó la fuente militar.
La crisis de la obra social
Al descontento salarial se suma la desazón por la crisis de la obra social de los militares y de las fuerzas de seguridad, que impacta con especial intensidad en el acceso a medicamentos de alto costo.
La obra social de los militares está jaqueada por una deuda millonaria. En diciembre de 2023, al asumir el gobierno de La Libertad Avanza, Iosfa se encontraba saneada y con superávit. Hoy, tras dos gestiones que llevaron a la renuncia de sus presidentes, el pasivo asciende a más de $160.000 millones. Pese a la promesa del ministro de Defensa, Luis Petri, de regularizar la situación, el Estado nacional mantiene impago las contribuciones correspondientes al pago de aportes patronales.
Fuentes que conocen de cerca la grave problemática de la obra social señalaron que los casos más preocupantes son los de pacientes que necesitan remedios oncológicos, los que recibieron o necesitan trasplantes, los insulinodependientes y quienes enfrentan patologías crónicas severas. A ellos se suman personas que tienen intervenciones quirúrgicas programadas y requieren fármacos específicos de alto valor económico.
Por las redes sociales se viralizan testimonios devastadores de pacientes con graves dolencias que se ven forzados a abandonar tratamientos, ante la falta de cobertura por parte de Iosfa. Como el caso de un suboficial retirado de la Prefectura, que narró en un video su dramática situación, al atravesar una etapa crítica por un cáncer, con dificultades para conseguir una medicación que la obra social no le cubre.
