El Gobierno oficializó la intervención de dos obras sociales y sumó otro foco de tensión con los sindicatos a poco de la reglamentación de la reforma laboral.
El gobierno nacional oficializó este jueves la intervención de dos obras sociales sindicales por supuestas irregularidades en registros y prestaciones. Se trata de la Obra Sociales de Vareadores (OSV), de la Sociedad Gremial de Vareadores, y la Obra Social del Personal Mosaista (OSPM), de la Federación de Obreros Mosaístas y Afines de la República Argentina.
Así lo definió la conducción de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) que encabeza Gabriel Oriolo, organismo dependiente del ministerio de Salud de la Nación.
Con las intervenciones, que entraron en vigencia luego de que fueran comunicadas en el ‘Boletín Oficial’ a través de las resoluciones 1999/2024 y 2000/2024 respectivamente, el Gobierno suma un nuevo foco de tensión con los sindicatos a poco de conocerse la reglamentación de la reforma laboral.
Los “motivos” para la intervención de las obras sociales
Alberto José Curci Castro fue designado como el interventor responsable de la OSV, mientras que el administrador provisorio de la OSPM será Martín Esteban Gutiérrez.
En el caso de la Obra Social de Vareadores, el organismo denunció que la empresa no contaba con un equipo interdisciplinario, no auditaba las condiciones en las que se encontraban los prestadores asociados y que tampoco se habían presentado los Informes Detallados de Aplicación de Fondos.
Asimismo, indicaron que no se adecuaba al funcionamiento de las prestaciones ofrecidas a las personas con discapacidad y que había errores en la carga de los códigos asignados a las prácticas médicas realizadas.
Respecto de la Obra Social del Personal Mosaista, las autoridades denunciaron la falta de seguimiento y auditorías a los beneficiarios y que adeudaba la entrega de los Informes Detallados de Aplicación de Fondos y Estados Financieros Discapacidad desde noviembre de 2021.
El caso de OSPRERA
Además, se ordenó la apertura de una investigación por supuesta asociación ilícita que involucra a funcionarios del Gobierno y a diputados nacionales.
