Así lo reconocieron desde la bancada oficialista a LA NACION luego de que en el Gobierno nadie se hiciera responsable de la modificación que encendió las alarmas de opositores y aliados; la explicación oficial sobre cómo se implementaría
ras la nota de LA NACION que mostró el desconcierto en el Gobierno sobre un cambio en la reforma laboral que permite reducir los salarios en casos de licencias, desde el bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), conducido por Patricia Bullrich, admitieron que allí se gestó la decisión de sumar el artículo.
Las limitaciones a las licencias motivaron críticas de aliados del oficialismo en la Cámara de Diputados, donde debe ahora ser tratado el proyecto.
Sin embargo, en el bloque libertario del Senado argumentaron que “no se entendió” cómo será la aplicación, que estuvo “mal interpretada” y que no busca quitar derechos laborales, sino que la intención es “terminar con las mafias” de las “licencias truchas” y escuchar el “ruego” de dueños de Pymes y de un grupo de jueces laborales.
Los cambios que reducen el porcentaje de pago de las licencias –del 100% actual al 75% o 50%, de acuerdo a las circunstancias- no estaban en el texto original que firmó el presidente Javier Milei.
Sin embargo, la modificación fue sumada a la media sanción aprobada del Senado, con el voto a favor de los aliados.
En el Gobierno, el viernes, tomaron distancia del cambio e incluso dijeron que debería haber sido idea de algún “senador”, mientras que los legisladores que colaboraron con la aprobación apuntaron directamente al oficialismo.
Este sábado, en diálogo con LA NACION, desde el bloque libertario se hicieron cargo de haber incluido en el proyecto el artículo 44, del capítulo VII, con los cambios en el régimen actual de licencias.
“La introducción fue por pedido de jueces laboralistas razonables y por el ruego de los empresarios Pymes”, indicaron en la bancada conducida por Bullrich.
Ese grupo de magistrados, según el oficialismo, habría asesorado a La Libertad Avanza en el devenir de la reforma oficialista, cuyas conversaciones llevó adelante Bullrich en la Cámara alta. “Estamos para terminar con las mafias”, acotaron desde el bloque y dijeron: “Lo introdujimos con Legal y Técnica”.
El texto, aprobado en el Senado y en tránsito a Diputados, dice así: “En caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida dicha prestación, el trabajador tendrá derecho a percibir el 50% de su remuneración que perciba al momento de la interrupción de los servicios si la imposibilidad de trabajar fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador que implicara algún riesgo en la salud durante un período de tres meses si el trabajador no tuviera personas legalmente a su cargo, o de seis meses si las tuviera”.
El artículo agrega que “si la imposibilidad de trabajar no fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador sobre el riesgo en la salud, percibirá el 75% de tal remuneración, en cualquier caso, durante el mismo período de tiempo dispuesto en el párrafo precedente”.
Según las fuentes del bloque que hablaron con LA NACION, el texto “se entendió mal” por el “bajo conocimiento de derecho laboral”. Dijeron que, en realidad, lo que supuestamente quiere expresar es que la baja en los haberes se hará desde los tres meses y desde los seis meses de licencia, de acuerdo a cada caso. Además, se mostraron abiertos a que si hay que realizar más aclaraciones, se puedan incluir en la reglamentación de la ley o en el convenio colectivo de la actividad.
La cuestión generó un escándalo desde el momento mismo en que el miembro informante, el senador libertario de Chaco, Juan Cruz Godoy, sumó el apartado en plena sesión. Según pudo reconstruir LA NACION, el agregado apareció en las conversaciones entre oficialismo y aliados durante la última etapa de negociaciones en el Senado.
En un primer momento, el kirchnerismo -que votó en contra- lo denunció. Después, el ministro Federico Sturzenegger fue a Radio Mitre y debió explicar de qué se trataba, y así el tema tomó estado mediático.
En el Gobierno, el viernes, nadie se hizo cargo de haber ideado o pedido esas modificaciones. Una voz importante de la Casa Rosada deslizó que podría haber sido “algún senador”.
Al mismo tiempo, otras fuentes refirieron que Sturzenegger tuvo que salir a explicar los cambios porque justo le hicieron una entrevista, pero que no había sido de ninguna manera el ideólogo de este extracto; que el ministro del Interior, Diego Santilli, tampoco estaba al tanto; y que al secretario de Trabajo, Julio Cordero, se lo había visto “indignado” por este tema. Mientras, fuentes del bloque habían desconocido el autor, pero habían justificado los cambios.
Este sábado, desde la bancada admitieron que la modificación salió de ahí. “En la práctica se verificó un incremento de reclamos laborales sustentados en certificados médicos apócrifos o carentes de respaldo clínico, mediante los cuales se extienden licencias en forma reiterada sin causa que lo justifique. Asimismo, se advierte la existencia de circuitos irregulares (truchos) en los que determinados profesionales emiten constancias médicas a cambio de sumas de dinero, que varían según la cantidad de días a justificar -con mayor costo cuando se trata de prórrogas- y la patología invocada. Esas certificaciones son usadas para justificar ausencias que en muchos casos no responden a situaciones reales“, señalaron desde el bloque que comanda Bullrich.
Dijeron, también, que esto genera un impacto “económico y organizacional significativo” en las empresas. “La reiteración de certificados médicos impide determinar con certeza la duración efectiva de la ausencia, lo que dificulta la planificación operativa y la eventual contratación de personal de reemplazo. Como consecuencia, se incrementan los costos laborales y se afecta de manera particular a las Pymes, que cuentan con estructuras más acotadas y menor capacidad de absorción financiera”, plantearon.
Además, argumentaron que la reforma laboral libertaria mantiene “toda la normativa” de la Ley de Contrato de Trabajo en relación a la conservación del empleo y la reincorporación del trabajador, prevista en los artículos 211 y 212.
El viernes, senadores aliados le echaron la culpa al Gobierno por los cambios y dijeron a LA NACION que incluso la idea oficial era mucho más restrictiva sobre las licencias, pero que ellos no quisieron convalidar todos los planteos. Desde el bloque libertario dijeron no recordar nada en relación con eso.
Estallado el tema, distintos abogados laboralistas advirtieron por una posible judicialización.
Ahora, además, el Gobierno está alerta por la posibilidad de que esa parte del articulado sea rechazada en Diputados o por la chance de que le introduzcan cambios, lo que dilataría los tiempos, ya que el proyecto tendría que volver al Senado. Eso iría en contra de la idea de la Casa Rosada, que era tener aprobada la reforma laboral antes de marzo.
