Los juzgados triplicaron los expedientes. La negociación por nuevos pliegos se frenó y el ministro de Justicia se enfocó en el juicio por el intento de asesinato de Cristina Kirchner.
Los juzgados laborales en la provincia de Buenos Aires están colapsados por los despidos de los últimos meses. Los expedientes se triplicaron en despachos abarrotados de papeles desde hace años por la falta de jueces y autoridades.
Desde los sindicatos judiciales de la provincia dan cuenta de una situación desbordante y afirman que sólo en los tribunales laborales del conurbano, el promedio de expedientes pasó de un promedio diario de 13 durante 2023 a 40 en algunos casos.
A fines de mayo, el ministro de Justicia, Martín Mena, logró un acuerdo con la oposición y consiguió que el Senado bonaerense apruebe unos 46 pliegos judiciales. Fue un alivio para un sistema judicial en crisis y tras más de dos años sin que la Legislatura pueda avanzar con nuevos nombramientos.
Sin embargo, tras esos acuerdos no hubo más novedades sobre nuevos pliegos y la posibilidad de lograr consensos se alejará a medida que se acerque el año electoral. Por lo pronto, el ministro de Justicia está abocado al juicio por el intento de asesinato de Cristina Kirchner. Puntualmente a que no sólo se juzgue el accionar de Sabag Montiel, sino las vinculaciones políticas del caso.
Una versión que desmienten en la provincia es que la negociación de pliegos judiciales depende de un acuerdo macro a nivel nacional respecto de la Justicia que incluye al gobierno libertario, al kirchnerismo y al resto de las fuerzas políticas. Uno de los ejes de ese acuerdo es la aprobación del pliego del juez Ariel Lijo para ocupar una de las sillas de la Corte Suprema.
Mientras tanto, en el gobierno de Axel Kicillof aseguran que unos155.000 bonaerenses perdieron su empleo en el primer trimestre del año y que ese número incluso creció en los meses que siguieron. Esto tiene un impacto directo sobre los juzgados laborales.
“Hoy tenés prácticamente la misma planta de trabajadores que en 2023 pero con el doble o el triple de trabajo por día”, advierte Hugo Russo, secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) en declaraciones a Buenos Aires/12.
El dirigente sindical detalla el caso del departamento judicial de San Isidro. Allí, los seis juzgados laborales pasaron de tener un promedio de 10 nuevos expedientes por día a 30. Es decir, que triplicaron la cantidad de demandas.
Según Russo, esa situación se replica además en los departamentos judiciales de Lomas de Zamora, Pilar, La Plata, Morón, Quilmes, Avellaneda-Lanús, La Matanza, Moreno y San Martín. De las 700 vacantes en el sistema judicial bonaerense, un 10% corresponden al fuero laboral.
“Están colapsados”, advierte Russo y agrega: “¿a quién le conviene que no haya Tribunales? A los poderosos, a las grandes empresas que quieren volver al pre peronismo”.
La crisis en el sistema judicial de la provincia es inédita. Más del 30% de los cargos judiciales -entre jueces, fiscales y defensores oficiales- están vacantes.
El impacto es enorme en una provincia que cuenta con la segunda estructura judicial más grande de América Latina, detrás del Estado de San Pablo (Brasil).
Pero además de la crisis en los juzgados, también está al borde de la parálisis la propia Suprema Corte. En abril, Luis Genoud anunció su renuncia y el Máximo Tribunal de la provincia quedó con apenas tres asientos ocupados y cuatro vacancias.
El último pliego de un juez de la Corte aprobado por el Senado fue el de Sergio Torres, propuesto por María Eugenia Vidal en abril de 2019. En ese momento el Máximo Tribunal estaba completo.
Sin embargo, las vacancias arrancarían a poco de gestión de Kicillof. En enero de 2020, a pocos días de la asunción del nuevo gobernador falleció el juez Héctor Negri y se generaba la primera vacante. En abril de 2021 murió Eduardo De Lazzari, sumando una segunda vacancia en el máximo tribunal.
Cuatro meses más tarde, el juez Eduardo Pettigiani anunciaba su retiro y la Suprema Corte entraba en crisis. Con sólo cuatro asientos ocupados, las votaciones las definía el juez de Casación, Víctor Violini.
