La candidata del Frente de Izquierda quiere que la nueva Carta Magna establezca un “sistema único, estatal, gratuito y laico”, donde solo haya espacio para lo científico y no lo religioso.
El 13 de abril está a la vuelta de la esquina. Ese día será histórico en Santa Fe: después de 63 años se elegirán los 69 convencionales –50 por distrito único y los otros 19 uno por departamento– que tendrán la misión de reformar la Constitución provincial. A fines del año pasado, la Legislatura sancionó la ley de necesidad de la reforma. Esa norma habilita la reforma de 42 artículos y la posibilidad de incluir nuevos.
La reforma constitucional es un hecho trascendente para la institucionalidad de la provincia, una de las pocas que quedaba con su Carta Magna sin adecuar a la Constitucional Nacional que se modificó en 1994. Con la idea de acercar al menos parte del pensamiento de los candidatos a convencionales a la ciudadanía, Rosario3 invitó a representantes de las distintas listas a responder tres consignas: 1. Un artículo de la Constitución santafesina que cambiaría y cómo. 2. Un artículo que incorporaría. 3. Un artículo que dejaría como está y por qué.
Desde este miércoles se publican las notas, para cerrar el proceso con otra publicación en el que el lector pueda encontrar todas las respuestas y compararlas.
Carla Deiana, que encabeza el Frente de Iziquierda, propone que la nueva Constitucion santafesina establezca un “sistema único, estatal, gratuito y laico”, es decir eliminar a enseñanza privada y religiosa, y se pronunció por impedir la reelección de los gobernadores.
1. Un artículo de la Constitución que cambiaría y cómo:
Más que un artículo, sustituiría el capítulo entero de la Sección Octava, referido al Sistema Educativo en la provincia de Santa Fe. Contrariamente de lo que actualmente está plasmado en la Carta Magna provincial, que deslinda al Estado de su responsabilidad en garantizar la continuidad educativa más allá del ciclo inicial y primario, además de darle una enorme injerencia al sector privado, es necesario establecer un sistema educativo único, estatal, gratuito y laico en toda la provincia de Santa Fe. Un sistema educativo que garantice el derecho a la educación y la continuidad de las trayectorias escolares de las infancias y adolescencias. Que fije un salario igual al costo de la canasta familiar, actualizado mensualmente por inflación, para toda la docencia y los trabajadores de la educación, y el reestablecimiento del 82% móvil para las y los jubilados docentes, porque el eje vertebrador la escuela son los docentes que la sostienen. Es responsabilidad del Estado provincial que se construyan las aulas faltantes y se garantice la infraestructura escolar. Así como la fijación de becas estudiantiles para quienes no cubren en sus hogares la canasta familiar con los ingresos propios. Un sistema educativo en estos términos tiene que estar financiado íntegramente por el Estado provincial, para lo cual es necesaria una partida presupuestaria acorde que planteamos se conforme en base a impuestos especiales a los grandes rentas y ganancias capitalistas, quitando todo tipo de subsidios a la educación privada, la cual debe incorporarse al sistema educativo público con todo su personal, reconociéndose todos sus derechos laborales.
Un sistema educativo único planteado en estos términos significa defender la enseñanza científica que apunte a una formación no sesgada sino universal, en oposición a la injerencia de los distintos cultos religiosos que hoy dominan al menos 800 establecimientos del sistema educativo privado, así como rechazar una educación mercantilizada orientada a formar mano de obra barata para un mercado laboral en crisis.
En nuestra reforma el dictado obligatorio de ESI, de forma científica y con perspectiva de género en todos los establecimientos educativos, apunta a dotar de recursos críticos a docentes, niños, niñas y adolescentes para prevenir abusos que mayormente se dan al interior de los hogares.
2. Un artículo que incorporaría:
Incorporaría un capítulo referido al trabajo que hoy se encuentra completamente ausente en la Constitución. Por un lado, la necesidad urgente de establecer la registración laboral de todos los trabajadores y trabajadoras. La fuerza de trabajo en la Argentina se encuentra al menos un 40% sin registrar, y en nuestra provincia abunda en las tercerizaciones de las grandes empresas. Los trabajadores y trabajadoras deben contar con el amparo constitucional para denunciar frente al Ministerio de Trabajo de Santa Fe esta irregularidad a fin de que el empleador, sea este público o privado, regularice de inmediato y sin demoras la situación del trabajador no registrado o registrado deficientemente. Un trabajador registrado, adquiere derechos fundamentales, como es una prestación médica y los aportes para una jubilación futura. Si hay trabajo en “blanco”, al mismo tiempo hay una caja jubilatoria que adquiere recursos para garantizar una jubilación digna. Esto no es casual, ya que venimos de una reforma antijubilatoria por parte de Pullaro, quien argumentó para su aprobación el déficit de la caja jubilatoria provincial. Su solución fue atacar derechos jubilatorios, pero no dijeron ni una palabra de terminar con el trabajo no registrado, de regularizar los miles de trabajadores precarizados empleados por el propio Estado para fortalecer así los fondos jubilatorios ni de aumentar los aportes patronales que a nivel nacional rebajaron Menem y Cavallo.
3. Un artículo que dejaría como está y por qué:
Dejaría igual el artículo 64 de la Constitución de Santa Fe, porque el Frente de Izquierda rechaza la reelección de los gobernadores que representan intereses capitalistas y hoy son peones de Milei, como lo vimos en la votación del Congreso donde mandaron a sus diputados apoyar a dos manos un nuevo acuerdo colonial con el FMI. Nos presentamos a estas elecciones para repeler el carácter reaccionario que le quieren imprimir los bloques políticos tradicionales a la reforma constitucional de Santa Fe, en primer lugar la reelección del gobernador, que significaría tener a Pullaro 8 años al frente del Estado ajustando salarios y jubilaciones, persiguiendo a los docentes, destruyendo la salud y la educación. Una Constituyente en manos de Pullaro y sus cómplices es un peligro, porque ya gobierna violando las garantías constitucionales expresadas en el Artículo 5 de la Constitución provincial, así como violentó el estatus constitucional que tiene la movilidad jubilatoria con la reforma previsional que se aprobó en la Legislatura con represión. Advertimos a la ciudadanía que si la convención reformadora se conforma con los mismos de siempre, es decir, con mayoría de radicales, peronistas, “socialistas” y evangelistas, vamos a tener una Constitución que puede tener una redacción nueva pero será muy rancia y contraria a las necesidades de la mayoría trabajadora.
