Una frase basta para desnudar una forma de ejercer poder. “No te afiliaron para que te vayas para otro lado”. La expresión, atribuida a Carlos Andrade integrante de la Junta Electoral del Sindicato de Empleados de Comercio de San Salvador de Jujuy, se convirtió en el eje de una denuncia penal presentada por una afiliada que asegura haber sido hostigada y perseguida por expresar una posición política distinta a la conducción sindical actual.
El trasfondo del conflicto no es menor. La afiliada manifestó apoyo político a la dirigente Roxana Ramos y no al secretario general Miguel Mamani, en el marco de un proceso electoral interno atravesado por fuertes disputas. Ese posicionamiento, lejos de quedar en el plano de la discusión política, derivó en presiones personales que provinieron desde el ámbito de la Junta Electoral, el órgano que debería garantizar neutralidad y transparencia durante la elección.
El disparador fue un gesto mínimo: un “like” en una publicación que expresaba una posición política contraria a la del secretario general. Ese gesto fue leído como una señal de desalineamiento y tuvo respuesta.
Según el relato, la afiliada fue contactada con un mensaje que no buscó debatir ideas ni confrontar propuestas. El contenido fue otro: un reproche político que colocó la afiliación como una especie de favor otorgado y no como un derecho. La frase funcionó como advertencia y como intento de disciplinamiento, dejando en claro que su posicionamiento político no era aceptado.
La trabajadora respondió marcando un límite. Afirmó que tiene derecho a elegir a quién apoyar, a votar con libertad y a expresarse sin rendir cuentas. Señaló que el sindicato no puede condicionar la afiliación a la obediencia política ni exigir alineamiento como moneda de cambio. Esa respuesta no descomprimió el conflicto. Por el contrario, lo tensó.
Cuando la afiliada intentó volver sobre la conversación para resguardar los mensajes y audios recibidos, el contenido ya no estaba. Los textos y audios habían sido borrados. Lo único que logró conservar fue una imagen parcial: la notificación del “like” que había originado el contacto, con la evidencia visible de que el resto del intercambio había desaparecido.
El borrado posterior no disipó la situación. La profundizó. En contextos de presión política, la eliminación de mensajes funciona como una señal de poder y como una advertencia silenciosa. El mensaje ya había sido dado. Lo que quedó fue la sensación de estar observada, señalada y expuesta por no alinearse con la conducción sindical.
La afiliada decidió avanzar con una denuncia penal no para exponerse públicamente, sino para preservar su tranquilidad. En su presentación describió el contexto completo: el contacto recibido, el contenido del mensaje, la presión ejercida por su apoyo a una lista opositora, el posterior borrado de las comunicaciones y la sensación de intimidación generada por expresar una posición política distinta.
Este caso no es aislado. Según pudo reconstruir este medio, existen otras denuncias y presentaciones que también involucran a integrantes de la Junta Electoral del SEC San Salvador de Jujuy por hechos similares. La acumulación de estos episodios motivó pedidos formales para que se evalúe la quita y la sanción del miembro de la Junta Electoral denunciado, en resguardo de la transparencia y la legalidad del proceso electoral.
Más allá de lo que determine la Justicia, el episodio expone un problema político de fondo. Un integrante de la Junta Electoral no es un actor más dentro de una interna sindical. Es parte del órgano encargado de garantizar igualdad de condiciones, libertad de expresión y elecciones libres. Cuando desde ese lugar se presiona a una afiliada por su posicionamiento político, el problema deja de ser personal y se vuelve institucional.
Cuando un “like” genera reproches, cuando una opinión se transforma en motivo de advertencia y cuando la afiliación se presenta como deuda y no como derecho, la democracia sindical empieza a vaciarse por dentro. El caso del SEC San Salvador de Jujuy deja al descubierto una práctica que excede a una persona y obliga a una pregunta incómoda: qué tan libres son las elecciones sindicales cuando quienes deben garantizarlas utilizan su lugar para disciplinar.
