El feminismo y las diversidades arrancaron el año movilizadas contra el discurso misógino, anticomunista y homofóbico del presidente Javier Milei. Así quedó más que en evidencia la pasividad de las centrales obreras, que no parecen registrar la gravedad de la crisis y se niegan a convocar a una lucha organizada para resistir el “ajuste más grande de la historia”.
Ante el avance de la ultraderecha y el retroceso en materia de derechos sociales y laborales, la convocatoria de la Asamblea Antifascista y Antirracista para la marcha del 1F, fue masiva. Y fue mucho más allá de contener el reclamo -más que justo– de las mujeres y el colectivo LGTBIQ+. Ese día fueron casi dos millones de personas que en todo el país se sumaron a la Marcha con sus reclamos particulares: los despidos en el sector público, el ataque a los salarios y jubilaciones, los recortes a la educación y la salud públicas, el ajuste que se ensaña con jubilados y la juventud, el desfinanciamiento y desguace de las áreas que atendían políticas de género y de Derechos Humanos, etc.
La convocatoria había partido de una multitudinaria asamblea en Parque Lezama, en CABA, y tuvo sus réplicas en varias ciudades. Fue el puntapié para una jornada que demostró el repudio al “plan Motosierra” de ajuste, evidenciando voluntad de resistencia en un amplio sector del pueblo, contrariamente a lo que expresa como excusa la conducción de la CGT.
Para sus dirigentes, no habría “ánimo de lucha” en los trabajadores que dicen representar. Prefieren seguir negociando en los despachos oficiales, las migajas que le ofrecen el gobierno y los empresarios. Mientras los despidos arrecian en el Estado y en el sector privado (243.000 despidos), los popes de la CGT ni se plantean una mínima protesta.
Por ello, adquiere especial relevancia que este 8M las calles vuelvan a colmarse de mujeres y diversidades, y seguramente también de varones que en su calidad de trabajadores, jubilados, precarizados, monotributistas, etc., no solo apoyan las demandas feministas, sino que reclaman por sus propios derechos hoy pulverizados.
Que las plazas del país se vistan de verde, de violeta, de naranja, muestran a un movimiento feminista que, en sus distintas vertientes, no exentas de diferencias entre sí, se ha colocado, junto al movimiento de jubilados y jubiladas, como la chispa que intenta encender la pradera de la resistencia a un gobierno que además de fascista y misógino, es también estafador. El criptoescándalo protagonizado por Milei con $LIBRA revela que es parte de lo peor de la casta política, a la que nunca pensó en combatir, porque él integra esa dirigencia política traidora y corrupta.
Lo que Milei quiere destruir del Estado, y ya lo está haciendo, son las políticas públicas de protección a las mujeres, diversidades, las áreas de discapacidad, ajustar a los jubilados, y en general a destruir las conquistas obreras que costaron décadas de lucha al pueblo argentino.
El deterioro en las condiciones laborales es uno de los aspectos donde la desigualdad se evidencia con claridad. En un informe publicado esta semana, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó seis brechas de género claves, con datos hasta el tercer trimestre de 2024.
“La tasa de actividad de las mujeres (52,1%) es 18,4 puntos porcentuales menor a la de los varones (70,5%)… La tasa de desocupación en mujeres es de 7,9%, mientras la misma tasa en varones es de 6,2%. La brecha en la informalidad laboral se incrementó a 3,7 puntos porcentuales: 38,7% en mujeres y 35,0% en varones. Los ingresos de los varones son 27,7% mayores que los ingresos de las mujeres; esta brecha se reduce a 21,4% entre asalariadas/os formales pero se incrementa a 33,3% en los informales”. Estos datos desmienten el discurso oficial, que pretende negar la desigualdad y por ende, la necesidad de que el Estado promueva políticas para disminuir y erradicar la brecha que afecta a las mujeres en materia de empleo e ingresos.
La “feminización de la pobreza” es un dato estadístico: las mujeres son el 61,4% de las personas con menores ingresos. Esto se expresa también en que son mayoría en los empleos más precarios y peor remunerados.
Como conclusión de su informe, CEPA afirma que “la raíz de la desigualdad en el mercado de trabajo se encuentra en el hogar: las mujeres destinan 3 horas más por día al trabajo no remunerado que los varones”.
Y como contracara de la feminización de la pobreza, se evidencia “la masculinización de la riqueza”, porque el 65% del sector de mayores ingresos son varones.
La falta de reconocimiento a las tareas de cuidado constituye otro eslabón de esta cadena de desigualdades. Las actividades no remuneradas (como las tareas domésticas), representan aproximadamente un 35 por ciento de la jornada laboral total de las mujeres. Este esfuerzo, que se suma a la carga de trabajo remunerado, no solo contribuye a la precarización económica, sino que también limita las oportunidades de desarrollo personal y profesional de millones de mujeres.
Esto es el patriarcado: las desigualdades de género, de carácter estructural, que necesitan de fuertes acciones del Estado para combatirlas y erradicarlas. En términos económicos, se manifiestan en las dinámicas de inclusión al mercado de trabajo, y su resultado son esas brechas de actividad, de empleo y de desocupación, de ingresos y de precariedad laboral. En todos estos indicadores, las mujeres se llevan la peor parte, y ello agravado por la desigual distribución en la asunción de las tareas de cuidado no remuneradas, que restringen las posibilidades en el mercado laboral. Por ello las mujeres terminan por “aceptar” empleos con menor carga horaria, en consecuencia, peor remunerados, o directamente trabajos precarios.
En relación al fuerte ajuste, el mayor peso lo sufrió el sector de jubilados y jubiladas, no solo por la reducción de sus haberes, sino también por la pérdida de beneficios de la obra social PAMI en medicamentos y otras prestaciones, que el gobierno de LLA recortó.
La moratoria previsional es el mecanismo instituido por ley 27.705, que permite jubilarse a quienes teniendo la edad para hacerlo, no tienen los años de aportes requeridos por la legislación. La moratoria establece que esas personas pueden acceder al beneficio previsional de la jubilación, pagando en 120 meses la deuda por la falta de aportes.
Este beneficio, según datos de ANSeS, alcanza a casi un 60 por ciento del total de jubilados y jubiladas: de los 7,2 millones de jubilaciones y pensiones existentes a marzo de 2024, 4,2 millones se habían otorgado mediante moratoria.
A partir del 23 de marzo, este mecanismo desaparece y afectará a 7 de cada 10 personas en edad de jubilarse. Para las mujeres es un nuevo golpe, pues 9 de cada 10 lo hacían a través de la moratoria.
Para ese gran universo femenino, la “solución” que les ofrece el gobierno de LLA es que esperen hasta tener 65 años y tramiten la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), cuyo monto actual es de 293.000 incluyendo el bono de 70.000 pesos, congelado desde hace un año.
Además de significar un aumento de 5 años en la edad jubilatoria, la PUAM -que fue un invento del gobierno de Mauricio Macri- no se transmite a la viuda o viudo del beneficiario.
De esta forma, la eliminación de la moratoria es otra medida que perpetúa y agrava el círculo de desigualdad laboral, salarial y jubilatoria que afecta en particular a las mujeres.
