La intervención de la empresa, que en 2022 había logrado la aceptación de una mayoría de acreedores del concurso preventivo, se quedó sin mercadería y encargos para operar “a fazon” y optó por la “protección de los activos”. La apuesta es a que la Justicia nacional homologue el acuerdo de 2022, que fue rechazado por la justicia provincial. La semana pasada, un tribunal provincial dictó la prisión de 4 directivos por “asociación ilícita”
La empresa informó que ante la imposibilidad de seguir trabajando “a fazon”, procesando producto de otras empresas, dejó de operar en Avellaneda y Ricardone. La apuesta es a que la Corte Suprema de Justicia termine homologando el acuerdo de acreedores que fue rechazado por la justicia santafecina.
Vicentin, la empresa que a fines de 2019 y anta una situación de “stress financiero” por deudas de entre USD 1.300 y 1.500 millones entró en concurso de acreedores, informó hoy que ante la imposibilidad de obtener contratos de fazón “para cumplir regularmente con los compromisos de la sociedad, y en espera de poder revertir la situación una vez que la incertidumbre del proceso judicial sea resuelta”, decidió “el cierre seguro de todas las plantas en operación (Ricardone, cerca de Rosario, y Avellaneda, en el noreste de la provincia de Santa Fe), en la convicción de que para la conservación de la empresa. en este momento se impone la protección de los activos, lo que permitirá un rápido arranque cuando esto sea factible”.
La semana pasada, la justicia provincial había dictado prisión preventiva por 120 día a cuatro exdirectivos de la firma, por considerarlos miembros de una “asociación ilícita”
Cabe recordar que la empresa, con más de 90 años de historia desde sus inicios en Avellaneda, donde fue citada por su pionero, Pedro Vicentin, había logrado en junio de 2022 la aceptación de una mayoría de los acreedores para que la empresa pase a manos de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA, el principal acreedor), Bunge y Viterra.
Acuerdo no homologado
Sin embargo, la medida fue recurrida judicialmente por un acreedor hostil, en un procedimiento que consumió mucho tiempo y que finalmente no logró homologación judicial (el caso había llegado hasta el máximo tribunal de la Justicia provincial, que rechazó la homologación).
Durante los últimos años la empresa, que por estar bajo concurso de acreedores no tiene capacidad de compra, funcionó “a fazón”, procesando producto que le pasaban ACA, Bunge y Viterra. De ese modo, señalaron desde la intervención, la empresa pudo seguir funcionando, pagar sueldos y evitar despidos, pero se fue “comiendo” una “caja operativa” de aproximadamente USD 50 millones.
“Los inversores estratégicos sostuvieron la empresa con oferta de granos a fazón. Las empresas tenían la posibilidad de procesar esos granos en sus propias plantas, pero derivaban mercadería a Vicentin para sostenerla”, explicaron desde ese grupo.
Sin embargo, la reciente denuncia y prisión preventiva a cuatro directivos de la empresa, el agotamiento de la caja operativa y el “enrarecimiento” del proceso concursal hicieron llevaron al parate anunciado hoy por la firma.
Apuesta a la Nación
La apuesta de Vicentin y de las empresas a cargo de la intervención es que el pase del caso a la justicia nacional destrabe el proceso y permita la homologación de la aceptación que se había logrado de aproximadamente el 70% de los acreedores. “Si esto llega a la Corte Suprema, se podría consolidar el pase de las empresas a Bunge, Viterra y ACA. Hoy la empresa está parada por falta de materia primar para las fazones”, explicaron.
El sábado pasado el tribunal santafecino integrado por Nicolás Foppiani, Valeria Pedrana y Gonzalo Fernández Bussy había considerado “indicios de riesgo procesal y elementos para considerar razonables las sospechas de los fiscales de que la asociación ilícita que denunciaron siguió operando en la etapa posdefault de Vicentin, para consolidar su poder, detraer fondos del grupo económico y entorpecer la investigación” y dictó la prisión preventiva de cuatro directivos denunciados por la Fiscalía de Delitos Complejos de Rosario como “jefes de una Asociación Ilícita”: ellos son Daniel Buyatti, Roberto Gazze, Omar Scarel y Alberto Macua.
El mismo Tribunal aceptó también las medidas propuestas por la Fiscalía para el resto de los imputados, quince de los cuales no pueden salir del país. Tres de ellos deben pagar una fianza de USD 500.000 y presentarse regularmente en sede judicial y los doce restantes pagar una fianza de USD 200.000 cada uno.
