De acuerdo con el último informe del Instituto de Estadística de los Trabajadores (IET) de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) y el Centro para la Concertación y el Desarrollo (CCD), la inflación de los trabajadores alcanzó un 2,9% en noviembre, cifra que repite el registro de octubre. En términos acumulados, los precios subieron un 123,3% en los primeros once meses del año y un 177,9% en los últimos doce meses. A pesar de la desaceleración interanual de la inflación por séptimo mes consecutivo, el impacto en los ingresos de los trabajadores ha sido devastador.
Según este estudio, la pobreza laboral se profundizó de forma alarmante en 2024: el 43% de los trabajadores ocupados se encuentran bajo la línea de pobreza, cifra que asciende al 77,8% entre los desocupados. Desde 2017, cuando solo el 18% de los trabajadores eran pobres, más de 6 millones de personas cayeron en esta situación. “La caída en los ingresos generó un fenómeno muy perverso: el de estar incluido en la producción siendo pobre en la distribución”, afirmó Nicolás Trotta, exministro de Educación y director del CCD. Trotta vinculó esta problemática a una caída sostenida del poder adquisitivo desde la segunda mitad del gobierno de Mauricio Macri, que no logró revertirse durante las gestiones posteriores.
El informe detalla que los aumentos de precios estuvieron impulsados por el capítulo de Alimentos y bebidas (+3,3%), particularmente frutas (+5,5%) y verduras (+4,4%), con el resto de los rubros mostrando incrementos menores al promedio general. Además, servicios regulados como Vivienda (+2,8%), Educación (+2,9%) y Salud (+2,7%) reflejan una carga significativa en los hogares, especialmente en un contexto de pérdida del salario real. “El ajuste de precios regulados dispuesto por el gobierno contribuyó a la inflación y deterioró aún más los ingresos de los trabajadores”, explicó Fabián Amico, coordinador del IET.
Por otro lado, el informe destaca la desigualdad en el impacto de la pobreza dentro del universo laboral. Mientras los asalariados registrados y los trabajadores calificados presentan tasas de pobreza inferiores al 30%, los asalariados informales y los no calificados superan el 60%.
