El empleo público sigue teniendo un peso central en el mercado laboral argentino, aunque con marcadas diferencias entre provincias. En la Patagonia y el norte, el Estado concentra la mayor parte de los puestos, mientras que en las economías más grandes predomina la actividad privada.
El empleo público sigue ocupando un rol central en el mercado laboral argentino, aunque presenta marcadas diferencias según la provincia. La mayor parte de los trabajadores públicos se desempeña en los niveles provincial y municipal, y tanto la cantidad de personal como los niveles salariales varían ampliamente de una región a otra. Un informe elaborado por la Fundación Ecosur, revela cómo es el empleo estatal en el país.
En las provincias patagónicas y en varios distritos del norte, la participación del Estado como empleador es considerablemente más alta, mientras que en las jurisdicciones con economías más desarrolladas —como Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe— prevalece la actividad privada, con una menor proporción de empleados públicos.
De acuerdo con el INDEC, hacia el segundo semestre de 2025 el 15,8% de los ocupados trabaja en el sector público. De ese total, el 21% corresponde al ámbito nacional, el 66% a los gobiernos provinciales y el 13% a los municipios.
Según un informe de la Fundación Ecosur de la Bolsa de Comercio de Córdoba, “estos datos reflejan el alto grado de descentralización del empleo estatal en la Argentina, donde los gobiernos subnacionales son los principales responsables de servicios esenciales como educación, salud y seguridad, concentrando así la mayor parte de la dotación de personal”.
Empleo público: grandes brechas regionales
La Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP) estimó que, hacia diciembre de 2024, el país contaba con un promedio de 50 empleados públicos provinciales cada 1.000 habitantes. Sin embargo, detrás de esa cifra se esconden marcadas disparidades.
Tierra del Fuego encabeza el ranking con 130 empleados cada 1.000 habitantes, seguida por La Rioja (114), Catamarca (106), Neuquén (105) y Santa Cruz (104). En el otro extremo se ubican Córdoba (33), Buenos Aires (37), Santa Fe (42) y Mendoza (44), donde el empleo estatal tiene un peso significativamente menor.
De esta forma, las provincias con mayor presencia del Estado como empleador triplican o cuadruplican la cantidad de trabajadores públicos por habitante respecto de las jurisdicciones más orientadas al sector privado.
Las causas son tanto estructurales como políticas. Ecosur explica que “las divergencias se deben, por un lado, a factores como la densidad poblacional o la estructura productiva, y por otro, a las decisiones de política pública adoptadas a lo largo del tiempo”.
Salarios y gasto en personal: una brecha aún más profunda
Las diferencias no solo se observan en la cantidad de empleados, sino también en los niveles de gasto y en los salarios del sector público. Durante 2024, Neuquén, Tierra del Fuego y Santa Cruz lideraron el ranking de gasto en personal per cápita, mientras que Buenos Aires, Mendoza, Santiago del Estero y Córdoba se ubicaron entre las de menor erogación por habitante.
La distancia entre ambos extremos es notable: las provincias con menor gasto destinaron menos de un millón de pesos anuales por habitante, mientras que las patagónicas triplicaron o superaron esa cifra.
A partir del gasto total y del número de empleados, Ecosur calculó el costo laboral promedio de cada administración provincial. Aunque los valores incluyen aportes patronales y otros conceptos que impiden equipararlos directamente con los salarios, ofrecen una estimación válida del ingreso medio en el empleo estatal.
De ese análisis surge que Neuquén y Santa Cruz son las provincias con mayor costo laboral, con un gasto mensual promedio de $3,1 millones y $2,8 millones por empleado, respectivamente. Detrás se ubican la Ciudad de Buenos Aires ($2,3 millones), Chubut ($2,2 millones) y Tierra del Fuego ($2,2 millones).
“Neuquén, Tierra del Fuego y Santa Cruz combinan un alto costo laboral con una elevada cantidad de personal por habitante, lo que las posiciona entre las provincias con mayor gasto público relativo a su población”, destacó Ecosur.
En el otro extremo, La Rioja ($1,1 millones), Jujuy ($1,2 millones), San Luis ($1,3 millones) y Santiago del Estero ($1,4 millones) muestran los costos laborales más bajos del país.
“Todas estas provincias tienen una proporción de empleo público por encima del promedio nacional, pero con remuneraciones sensiblemente más bajas. Se destacan La Rioja y Jujuy, que ocupan el segundo y séptimo lugar entre las provincias con más empleados públicos por habitante”, precisó el informe.
El crecimiento del empleo público
El empleo público provincial mostró en la última década una tendencia de crecimiento sostenido pero moderado. Desde 2012, la cantidad de trabajadores del sector aumentó a un ritmo promedio anual de 1,2%, apenas por encima del crecimiento poblacional (0,9%).
El panorama fue distinto en el ámbito nacional, donde la evolución del empleo estatal estuvo más condicionada por las decisiones políticas.
Durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, el número de empleados nacionales aumentó un 34%. Bajo la gestión de Mauricio Macri, el plantel se redujo un 10%; con Alberto Fernández, volvió a crecer un 4%; y durante el gobierno de Javier Milei, se contrajo un 16%.
Aunque el volumen de empleo provincial no cambió sustancialmente con los ciclos políticos, el gasto en personal sí acompañó las oscilaciones del sector público nacional.
En términos reales, el gasto alcanzó su punto más alto durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, con un crecimiento del 20% acumulado. Luego avanzó 4% bajo Alberto Fernández, cayó 11% con Mauricio Macri y retrocedió 15% en el primer año del gobierno de Javier Milei, un descenso similar al del gasto total de las provincias.
A nivel nacional, el costo laboral permaneció relativamente estable durante el segundo mandato de CFK, pero se redujo drásticamente entre 2015 y 2020. Tras la pandemia, experimentó un repunte del 32% hasta diciembre de 2023, aunque volvió a retroceder un 21% durante 2024.
En el plano provincial, el indicador creció 11% entre 2011 y 2015, pero luego ingresó en una etapa descendente. En diciembre de 2024, el costo laboral promedio era 15% menor al de diciembre de 2011 en el conjunto de las provincias, y 40% inferior en la Administración Nacional. Esta evolución se corresponde con la caída del salario real del sector público, reflejada en el Índice de Salarios del Indec, que muestra una pérdida del 39% en términos reales desde 2011, por encima de la caída del 23% registrada en el salario privado formal.
