Uno de los nuevos líderes del triunvirato de la Confederación General del Trabajo (CGT) lanzó duras críticas a la reforma laboral que impulsa el Gobierno y advirtió sobre posibles medidas de fuerza. Se trata del gremialista camionero Octavio Argüello, que responde a Hugo Moyano, quien adelantó que saldrán a la calle e irán a Justicia en el caso de que el Ejecutivo avance con el proyecto sin consensuarlo con los gremios.
El dirigente de Camioneros además anticipó que intentarán que la Unión Tranviarios Automotor (UTA), liderada por Roberto Fernández, vuelva a la central obrera, tras el portazo luego de las elecciones del jueves pasado.
Argüello planteó en declaraciones a Mercuriali 630, por Radio Rivadavia: “Llamemos a las cosas por su nombre. Esto no es una reforma ni una modernización. Esto es una flexibilización laboral. Una cosa es modernizar, que quizás sí hay que hablar porque cambió el mundo laboral, con los nuevos sistemas, con la tecnología, la robótica. Pero eso no significa que nos quieran quitar los derechos y llevarnos a la esclavitud”.
El triunviro de la CGT advirtió sobre posibles medidas para el caso que el Gobierno, eventualmente, intente avanzar con la reforma laboral sin consenso con los sindicatos: “Lo hicimos cuando quisieron poner el DNU 70/23, cuando quisieron limitar el derecho a huelga… Este Gobierno intenta y quiere avanzar sobre los derechos de los trabajadores, anteriormente fuimos a hablar con los legisladores, también fuimos a la Justicia cuando tuvimos que ir a la Justicia y cuando tuvimos que estar en la calle, estuvimos en la calle”.
El gremialista además adelantó que intentarán lograr que la UTA vuelva a la CGT: “Vamos a hablar con el compañero (Fernández), todos tenemos que comprender que tenemos que unirnos, si no este Gobierno cipayo nos lleva puestos a todos juntos”.
Los puntos clave del proyecto de reforma laboral
La propuesta lleva el nombre de Ley de Promoción de Inversiones y Empleo. El texto plantea una transformación profunda de las condiciones laborales en el país.
Los puntos clave:
Movilidad, disciplina y sanciones: El empleador podrá introducir cambios en la prestación del trabajo, siempre que no sean irrazonables ni alteren aspectos esenciales del contrato. Si se vulneran estos límites, el trabajador podrá considerarse despedido sin causa.
El texto también establece plazos y mecanismos claros para impugnar sanciones disciplinarias: el trabajador tendrá 30 días corridos desde la notificación para cuestionar la medida.
Beneficios sociales: El proyecto redefine los beneficios sociales y detalla una lista de prestaciones no remunerativas que van desde almuerzos y útiles escolares hasta el pago de servicios de telefonía móvil y acceso a internet para el trabajador y su familia. Estos beneficios no integrarán la remuneración, salvo excepciones expresamente previstas.
Sueldos y remuneraciones: Se habilita el pago en efectivo, cheque o acreditación bancaria. Además, se permite la instrumentación electrónica de los recibos, que deberán contener información detallada del empleador, el trabajador, los conceptos liquidados y las deducciones practicadas.
Vacaciones: El proyecto flexibiliza la época de otorgamiento de las vacaciones y permite la fragmentación en períodos no menores a una semana. Se garantiza que cada trabajador pueda gozar de sus vacaciones en temporada de verano al menos una vez cada dos años, salvo que opte en contrario.
Además, los trabajadores casados o en unión familiar que trabajen para el mismo empleador podrán pedir el goce conjunto de las vacaciones.
Licencias por enfermedad o accidente: Se mantienen los plazos de tres o seis meses de remuneración si la antigüedad es menor a cinco años y seis meses si es mayor. Para quienes tengan carga de familia, el derecho a percibir remuneración se extiende a 6 o 12 meses, según la antigüedad.
Incentivos al empleo: El proyecto promete la creación de un sistema de bonos de crédito fiscal para empleadores que inicien nuevas relaciones laborales durante los primeros 18 meses posteriores a la vigencia de la ley.
El porcentaje se aplica durante 12 meses y varía según el tipo de empresa: las micro recibirán un 100%, las pequeñas 75%, las medianas 50% y el resto, 25%. El beneficio se otorgará solo si la contratación implica un incremento neto en la nómina y el trabajador no tuvo relación laboral en los tres meses previos, salvo excepciones para programas de inserción laboral.
Salarios dinámicos: Uno de los cambios más polémicos es la propuesta de eliminar las actualizaciones salariales iguales para todos. Los incrementos podrán darse por productividad, resultados sectoriales y la situación particular de cada empresa.
La reforma introduce la posibilidad de negociar salarios por empresa o por región, en vez de hacerlo únicamente por rama o actividad. Así, cada unidad productiva podrá definir sus propios mecanismos de actualización salarial, sin que los acuerdos se trasladen automáticamente a otras compañías del sector.
