Los países toman medidas e inician investigaciones para limitar el terreno de las grandes plataformas digitales. A la vez, los magnates propietarios acusan de censura o falta de libertad de expresión.
De manera reciente, la red social X (ex Twitter) fue suspendida en Brasil por orden del juez Alexandre de Moraes del Supremo Tribunal Federal, luego de que su dueño Elon Musk incumpliera las leyes locales. Por otra parte, en Francia detuvieron al fundador de Telegram, Pavel Durov, por permitir que se realicen allí actividades ilegales como narcotráfico, prostitución o lavado de dinero. Además, la Unión Europea investiga el diseño de la red social Tik Tok por considerarla adictiva y capaz de exponer a las infancias a efectos nocivos. Los gobernantes comienzan a realizar acciones políticas que le regulan el terreno a las grandes plataformas digitales.
El fin de semana pasado, la red social X dejó de funcionar en Brasil luego de que Musk se negara a bloquear perfiles acusados de ser difusores de fake news y quitara a la única representante legal de la empresa en el país, violando así las leyes locales. Por su parte, el presidente Lula da Silva apoyó al juez y, en diálogo con un medio local, sentenció: “Sólo porque tenga dinero no significa que pueda hacer lo que quiera. Debe aceptar las reglas del país y respetar la decisión de la Corte Suprema”. El magnate, a su vez, señaló de censurador al juez brasileño y de no cumplir con la Constitución.
La noticia, que da la vuelta al mundo, despierta algunos interrogantes. ¿Puede una empresa privada pasar por alto las legislaciones locales de cada país? ¿Tiene más poder el Estado o la plataforma? ¿Cómo se afronta a magnates que se han filtrado en todos los países a través de las redes sociales y ahora son los Estados los que buscan limitar su accionar?
El caso de Telegram
A fines de agosto, el fundador de la red de mensajería instantánea Pavel Durov fue arrestado en Francia acusado de permitir actividades ilegales en la aplicación. El hecho se enmarca dentro de una investigación que indaga la falta de moderadores que permiten que la actividad criminal se desarrolle.
Así, a Durov se lo investiga por presuntos delitos como lavado de dinero, complicidad en la distribución de imágenes sexuales de niños, tráfico de drogas, crimen organizado. Si bien fue puesto en libertad bajo una fianza de 5 millones de euros, la condición es presentarse dos veces por semana en la comisaría y no abandonar Francia.
La lupa también en Tik Tok
En febrero de este año, la Unión Europea inició una investigación a Tik Tok por su falta de medidas de protección para los menores de edad, la transparencia publicitaria, el acceso a los datos para los investigadores, la gestión de riesgos del diseño adictivo y los contenidos nocivos.
La UE está especialmente interesada en el cumplimiento de la Ley de Servicios Digitales, relacionada con la mitigación de los efectos negativos que puede traer el diseño de la red social, el respeto por los derechos del niño así como también la evaluación de la eficacia de las herramientas que deberían verificar la verdadera edad de los infantes para que no accedan a contenido inadecuado.
También, la investigación apunta a la falta de transparencia de la plataforma y la deficiencia en el acceso público a los datos de Tik Tok, tal como lo exige la ley.
La normativa en los escenarios digitales
Las redes sociales hoy juegan un rol central, todo lo que sucede en el escenario digital tiene su correlato en el mundo tangible y viceversa. El avance de las grandes plataformas, lideradas y concentradas por magnates millonarios, requiere de gobiernos que lleven adelante acciones que regulen y limiten su contenido.
De hecho, desde hace tiempo que los dueños de las plataformas, como Elon Musk o Mark Zuckerberg, también mueven sus piezas en el tablero de ajedrez de la política global. Por ejemplo, tras perder las elecciones en 2022, Donald Trump –con quien hoy Musk se alinea– fue suspendido y bloqueado en la red entonces llamada Twitter al incitar a la violencia en el Capitolio de Estados Unidos. De la misma manera, los datos personales de millones de estadounidenses en Facebook –perteneciente a Zuckerberg– fueron extraídos, sin su consentimiento, para ser utilizados en las campañas presidenciales de las elecciones de 2016 en el país norteamericano.
En las redes se dan gran parte de las discusiones políticas entre ciudadanos pero también con la (cada vez más) participación de trolls o bots. También, los presidentes la utilizan como medio de comunicación, como sucede con Javier Milei y Lula Da Silva.
En el caso de X, Musk es consciente del poder que tiene su plataforma y lo dejó claro el día que se convirtió en su propietario al considerar a esta red como la “plaza pública digital”. En este contexto, los gobernantes de los países toman medidas que limiten lo que sucede en los escenarios digitales, mientras se plantean y discuten en estas mismas redes sociales conceptos como la libertad de expresión o la censura. Ahora bien, si la plaza pública tiene dueño, ¿sigue siendo pública?
