El procurador del Tesoro recusó al juez de Campana que estaba a punto de declarar la inconstitucionalidad del doble veto a la ley. Los insólitos argumentos para declarar nula la causa.
Con la mejor cara de piedra, mientras desfilan por Comodoro Py los protagonistas de las coimas en la Andis, el Gobierno se niega a implementar los fondos necesarios para cumplir con la ley de Emergencia en Discapacidad, ni siquiera si se lo exige la justicia. El Procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, recusó al juez federal de Campana Adrián González Charvay, quien estaba cerca de declarar nulo el DNU con que la Rosada había vetado la ley por segunda vez, tras la insistencia del Congreso. El juez había dado lugar a un amparo colectivo impulsado por familiares y organizaciones del sector, que siguen denunciado el ahogo económico de los prestadores, cuyas instituciones de apoyo están al borde de la quiebra. En ese marco de puja por recursos, el procurador pidió además declarar “abstracto” el expediente, con un insólito argumento: alegó que las partidas para aplicar la norma en realidad están garantizadas en el presupuesto de 2026, pero no en el proyecto del Gobierno, sino en el dictamen de minoría. Es decir, en el de la oposición.
El amparo colectivo había sido presentado por dos familias en representación de sus hijos menores de edad con discapacidad. Reclamaban la real aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que fue suspendida en los hechos mediante el Decreto 681/2025, que lleva la firma del entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Aquel decreto fue la respuesta del Gobierno a la insistencia de la oposición sobre la ley, que obtuvo amplias mayorías en ambas cámaras del Congreso. Lo que hizo Francos fue promulgarla, pero sin fondos y suspendiendo prácticamente todos sus artículos, una forma decorosa de vetarla por segunda vez.
Los padres se habían presentado ante el juez con un pedido de amparo para que la ley se aplique con el argumento de que sus hijos –que necesitan apoyos destinados a las personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA)– deben obtener una atención adecuada. Las organizaciones del colectivo se sumaron al planteo: escuelas especiales, centros de día, centros terapéuticos y empresas de transporte especializado formaron parte de la demanda contra el Estado. También lo hicieron otras organizaciones como REDI y ACIJ. El expediente venía cobrando forma y González Charvay rechazó sistemáticamente los planteos del Gobierno tendientes a que la causa no prosiga.
En una de sus últimas resoluciones, el juez incluso había ordenado publicar en el Boletín Oficial un edicto informando la existencia del amparo colectivo para sumar más familias a la causa. Fue poco después de que rechazara varios planteos del Gobierno, que llegó a objetar el pedido de amparo porque la familia que lo impulsó tenía cobertura de OSPJN, la obra social de los judiciales. González Charvay contestó que la OSPJN utiliza los valores del Nomenclador Nacional (es decir el valor de las prestaciones que fija la Andis) como referencia para calcular los reintegros a las familias, por lo que su desfinanciamiento afecta directamente a sus hijos.
Según pudo averiguar, estaba a punto de dictar un fallo de fondo que declarase la inconstitucionalidad del decreto de Francos. Pero el Gobierno logró apartarlo. Ahora definirá la Cámara de San Martín.
El argumento del procurador en ese sentido fue que González Charvay había “prejuzgado” porque en una de sus resoluciones escribió que el decreto de Francos suspendió la ley. Pero en realidad había hecho una cita literal. El DNU dice textualmente que la Emergencia quedaba reglamentada pero “suspendida en su ejecución” hasta tanto no aparezcan los fondos.
“Lo que busca el Ejecutivo es ganar tiempo, con argumentos que demuestran su poco apego a la Constitución, algo que vienen demostrando desde el decreto 681/2025, que es una suerte de veto del veto del veto”, le dijo a este diario el abogado constitucionalista Diego Armesto, representante de las organizaciones que impulsan el amparo.
En busca de algo de tiempo, el Gobierno anunció a fines de octubre un aumento de los aranceles de las prestaciones del 31 por ciento a cobrar en tres tramos, hasta enero de 2026. Las organizaciones lo criticaron por insuficiente y reclamaron la ley, que otorgaba aumentos muy superiores y una compensación por lo perdido en los últimos 12 meses en los que el arancel estuvo congelado.
“El aumento otorgado a los prestadores no respeta lo establecido por la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad”, advirtió el Foro Permanente por los Derechos de las Personas con Discapacidad, que agrupa a varios de los centros de día y transportistas. Según el Foro, el incremento representa “la mitad -o incluso menos- del atraso arancelario acumulado durante esta gestión”. “Muchos prestadores debieron cerrar sus puertas durante este año, según datos oficiales de la Provincia de Buenos Aires”, agregaron.
Lo curioso es que ese aumento real que introducía la ley fue incorporado al dictamen de minoría de la oposición del Presupuesto 2026 –el que lleva la firma del diputado Oscar Agost Carreño–, pero no en el del Gobierno, que por el contrario refrenda el ajuste en el área. Insólitamente, el procurador apeló a ese incremento del dictamen de minoría para argumentar que el amparo colectivo no tiene sentido.
“El proyecto de minoría –dice el escrito de Castro Videla al que accedió este diario– dispone la incorporación al presupuesto de los “créditos correspondientes a la Ley de Emergencia Nacional en Materia de Discapacidad”, por lo que “se desprende indubitablemente que las asignaciones presupuestarias en cuestión” están ya incorporadas, por lo que “las cuestiones debatidas en esta causa se refieren a una materia que está siendo considerada por el Congreso Nacional”.
Las organizaciones salieron a cuestionar la postura ficial y defendieron el avance de la causa, al tiempo que ironizaron sobre las coimas en la Andis, causa que avanza con testimoniales en Comodoro Py. “Mientras la justicia federal investiga cómo desviaron miles de millones de pesos de fondos destinados a discapacidad —con empresarios detenidos y evidencia contundente—, el mismo gobierno usa a su Procurador del Tesoro para intentar paralizar el reclamo de las familias que solo pedimos que se cumpla la ley que el Congreso aprobó“, sostuvieron.
