La estrategia prioriza el recorte y la focalización de la asistencia, con impacto directo en hogares y provincias, mientras se busca limitar el gasto público y cumplir las metas pactadas con el FMI.
El ajuste en el gasto de subsidios a las tarifas de luz y gas natural se mantendrá como un pilar principal en la estrategia fiscal del Gobierno de Javier Milei para sostener el equilibrio fiscal, luego de fuertes incrementos en las tarifas que afrontaron los usuarios en los últimos 21 meses. De cara a la presentación del Presupuesto 2026, el área energética del Ejecutivo proyecta una orientación más precisa de la asistencia y una contención pronunciada de esta partida.
En el documento que resume la última revisión del programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) firmado en abril se desprenden algunas reformas del gasto para preservar el ancla fiscal.
“Las autoridades reducirán los subsidios a la energía y acercarán las tarifas de electricidad y gas a la recuperación de costos, mejorando al mismo tiempo la calidad de los servicios y la eficiencia del mercado eléctrico. Esto se complementará con esfuerzos para fortalecer la competencia en el mercado eléctrico mayorista para aliviar las presiones en la cadena de pagos (finales de noviembre de 2025) y evitar atrasos entre las distribuidoras eléctricas y la empresa pública mayorista de electricidad, Cammesa”, detalló el staff report del organismo.
Estas transformaciones acompañarán una reforma previsional que incluirá modificaciones en la legislación laboral para favorecer la formalización del empleo.
El acuerdo con el FMI detalla la evolución prevista de los subsidios energéticos: del 2,1% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2023, bajaron al 1,5% en 2024. Se proyecta una reducción al 0,8% del PBI para 2026 y al 0,4% para 2027.
Entre enero y julio de 2025, el gasto en subsidios a las tarifas de luz y gas disminuyó en más de USD 2.100 millones respecto al mismo lapso de 2024. La comparación histórica muestra la magnitud del ajuste: en ese período de 2019 los subsidios sumaron USD 2.258 millones; en 2020, USD 3.123 millones; en 2021, USD 6.564 millones; en 2022, USD 7.914 millones debido al aumento de los precios internacionales por la guerra en Ucrania; en 2023 alcanzaron los USD 6.564 millones; y en 2024 descendieron a USD 4.031 millones.
En el mediano 2024, el Gobierno de Milei implementó un ajuste profundo sobre los subsidios a la luz y el gas. Cerca de dos millones de usuarios dejaron de recibir asistencia tras la depuración del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE). Este año, el recorte fue menor; el Ejecutivo optó por no trasladar los nuevos costos de la energía a las facturas residenciales para evitar incrementos antes de los comicios, incluso frente a la devaluación.
Los subsidios energéticos representaron la cuenta con mayor reducción para sostener el superávit fiscal de 2025. Durante los primeros siete meses del año, el gasto primario del Sector Público Nacional (base caja) creció 3,6% en términos reales interanuales, con nueve rubros en aumento y siete en descenso, según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).
Entre las partidas con mayor incremento se destacaron las transferencias de capital a provincias (+127%), transferencias corrientes a provincias (+126,9%) y la asignación universal para la protección social (+33%). En el otro extremo, los rubros con mayor disminución fueron subsidios a otras funciones (-67,7%), subsidios a la energía (-55%) y programas sociales (-29%).
Según el Iaraf, “las provincias lideraron el ranking en porcentaje de aumento, mientras que la magnitud del ajuste en los primeros siete meses de 2024 fue muy elevada. El incremento en el gasto previsional (+21,7%) se contrapuso a la fuerte contracción en subsidios energéticos y programas sociales. La baja en subsidios equivalió al 55% del alza en jubilaciones y la reducción en programas sociales, al 41%.”
El instituto señaló que, dentro de las partidas en alza, las jubilaciones y pensiones contributivas representaron el 61% del crecimiento; las transferencias corrientes a provincias y la asignación universal, el 10% cada una; y bienes y servicios, el 8%. Por el lado de las bajas, el gasto en subsidiar la energía absorbió el 48% del total, seguido de programas sociales (35%) y salarios públicos (10%).
El secretario coordinador de Minería y Energía, Daniel González, anticipó recientemente que el Ejecutivo analiza modificar los esquemas de subsidios en tarifas energéticas residenciales, como parte de un plan para endurecer el ajuste de estas transferencias. La propuesta incluye eliminar o reducir la asistencia al gas en verano y a la electricidad en invierno, periodos en los que el consumo de cada servicio suele ser menor.
Esta definición despertó dudas entre especialistas, especialmente respecto de los hogares sin conexión a red de gas natural, que dependen de electricidad para calefacción en invierno, y sobre el alcance del recorte: si afectará a todos los usuarios residenciales o solamente a aquellos de mayores ingresos.
El subsidio estatal permite que los hogares de ingresos bajos accedan a una tarifa reducida, que integra la factura junto a los cargos por distribución, transporte e impuestos. Hoy, existen tres niveles: Nivel 1 (ingresos altos) paga la tarifa plena; Nivel 2 (ingresos bajos); y Nivel 3 (ingresos medios). Estas categorías se definen a partir de los ingresos declarados frente a la Canasta Básica Total (CBT) publicada por el Indec. Para este invierno, el Gobierno dispuso que todos los usuarios, incluidos los de ingresos altos, reciban subsidios.
