El desfinanciamiento de los hospitales públicos y el empobrecimiento de sus profesionales médicos en la Argentina es un problema de larga data que tiene solución. Los hospitales públicos pueden ser empresas sociales de salud de administración autónoma. Podrían manejar sus propios recursos, con libertad para contratar personal y fijar salarios, para asumir contratos prestacionales con obras sociales, prepagas y sistemas provinciales de salud.
La única condición es que cada paciente atendido genere una facturación y un pago. De la misma manera que sucede en los hospitales privados. Esto no significa privatizar la salud pública, sino modernizarla y eficientizarla manteniendo la propiedad y el marco jurídico público y sin negarle cuidados a nadie.
En muchos países del mundo, e incluso de América Latina, se viene registrando desde hace tres décadas un proceso centrifugo para conferir autonomía de gestión a los hospitales e incorporar un marco de incentivos a la eficiencia. En algunos países se les denomina hospitales descentralizados. En otros se reconvirtieron en fundaciones (cabe diferenciarlos del antiguo esquema de la beneficencia que generaba fundaciones satelitales en torno al hospital). En Brasil se les ha denominado empresas sociales de salud. En Chile se habló de Autogestión en red. En Nueva York directamente conforman una corporación.
Lo que tienen en común todos estos modelos es que avanzaron progresivamente de un funcionamiento burocrático en dependencia directa de organismos ministeriales, hacia operar con el margen de maniobra de los hospitales privados. Los procesos son progresivos. El primer paso es la desconcentración, que les permite hacer compras y contrataciones. Luego, avanzan incorporando incentivos al personal. Para finalmente poder definir su propia escala salarial, sistema de reclutamiento y aranceles prestacionales.
El ejemplo de los hospitales públicos de Nueva York es muy interesante. La totalidad de los pacientes generan facturación con su correspondiente cobro. La mayor parte de las facturas es paga por los seguros públicos: Medicare (que da cobertura a los jubilados) y Medicaid (que da cobertura a las personas en pobreza extrema). Una segunda porción es paga por aseguradores privados con los cuales tienen libertad de contratación. Una tercera parte es paga por un fondo denominado NYC Health, que tramita subsidios del gobierno municipal y estatal. Además, existe un fondo federal que compensa a los hospitales por los costos adicionales que representa recibir a pacientes de otras localidades. Finalmente, un 5% de la facturación es pago directo de las personas que no cuentan con seguro público ni privado, pero sí con recursos.
En síntesis, la solución al problema recurrente de la desfinanciación hospitalaria pasa por avanzar desde el financiamiento a la oferta hacia el financiamiento de la demanda. Si los sistemas públicos provinciales configuran seguros públicos y los hospitales pasaran a ser entidades autónomas, cada paciente tendría un financiador. Es decir, el dinero seguiría al paciente y no al hospital. Entonces, los hospitales buscarían administrar sus costos y perfil prestacional posicionándose allí donde resulten más eficientes.
Asesor global en Financiamiento para el Desarrollo del Fondo de Población de las Naciones Unidas
