La administración de Javier Milei avanzará en los próximos días con una nueva tanda de bajas que afectará a entre 5.000 y 6.000 puestos estatales.
El Poder Ejecutivo nacional se prepara para profundizar el achicamiento del Estado. Según informaron, la meta a corto plazo es concretar la salida de entre 5.000 y 6.000 empleados públicos en diversas áreas de la administración. Sin embargo, este movimiento es solo la primera fase de un plan más extenso.
A lo largo de 2026, el Gobierno pretende reducir la planta de personal en un 10%, lo que representa la desvinculación de más de 27.000 trabajadores. Según pudo constatar el diario La Nación, el recorte abarca no solo a la Administración Pública Nacional, sino también a empresas y sociedades del Estado. Desde Balcarce 50 señalaron que las primeras bajas comenzaron a ejecutarse la semana pasada bajo la premisa de reducir el Estado a su mínima expresión.
Recaudación en baja y necesidad de equilibrio fiscal
Si bien la reducción del gasto público es un eje central de la gestión de Javier Milei, el ajuste actual responde también a una necesidad financiera urgente. La caída en la recaudación impositiva de los últimos meses, producto del freno en la actividad económica, ha forzado al equipo económico a acelerar la poda en los gastos de funcionamiento.
A enero de este año, los datos del INDEC indicaban que el Sector Público Nacional contaba con un total de 278.705 empleados. El plan oficial prevé que la reducción del 10% se reparta de forma escalonada a lo largo de los cuatro trimestres del año, buscando aliviar el peso de la masa salarial sobre las cuentas públicas.
El contexto laboral: El desempleo subió al 7,5%
La decisión de avanzar con nuevos despidos estatales ocurre en un escenario social complejo. Según el último informe del INDEC al cierre de 2025, el índice de desempleo escaló al 7,5% de la población económicamente activa. Este dato marca un deterioro respecto al 6,4% registrado al finalizar 2024.
Traducido a números absolutos, la desocupación ya afecta a 1.717.125 personas en todo el país. El incremento de la falta de trabajo, sumado a la eliminación de puestos en el sector público, plantea un desafío para la paz social en los centros urbanos más dependientes del empleo estatal. Mientras tanto, el Gobierno insiste en que el equilibrio fiscal es la única vía para derrotar la inflación y estabilizar la economía a largo plazo.
