Tras meses de incumplimiento, los cortesanos fallaron a favor del Consejo Interuniversitario Nacional y dejaron firme la cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a actualizar las partidas presupuestarias.
La Corte Suprema de Justicia dejó firme la cautelar que le ordena al Gobierno Nacional cumplir con los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario, que establecen la actualización por inflación de los salarios y las becas universitarias desde diciembre de 2023 a la fecha.
La Ley fue sancionada por amplia mayoría en ambas Cámaras, pero como el Gobierno se negó a cumplirla, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) llevó el reclamo a la Justicia. Ante el lento avance de la causa, las universidades pidieron una cautelar para que al menos se cumplan los artículos 5 y 6 del texto aprobado en Diputados y Senadores.
Las casas de estudio recibieron fallos a favor de esa cautelar en primera y segunda instancia, pero el Poder Ejecutivo siguió en desacato. Este fallo de la Corte Suprema obliga al Gobierno a cumplir con esos puntos hasta que se dirima la cuestión de fondo. Desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, los salarios universitarios perdieron más de 30% de poder adquisitivo, que deberá ser actualizado de inmediato.
También deberán actualizarse las Becas Belgrano —un incentivo económico mensual para estudiantes regulares de las consideradas como “carreras estratégicas” que está congelado en $81.685 hace más de 2 años— y las Progresar que hoy representan 35 mil pesos mensuales y se devaluaron un 57% desde la asunción de Javier Milei.
En el fallo de fondo aún restan por resolverse otras cuestiones como los gastos de funcionamiento, entre ellos los Hospitales Universitarios, pero eso no implica que no se deba cumplir la cautelar de inmediato. “El Gobierno no puede no cumplir con la cautelar porque no hay una sentencia definitiva”, aseguró a Página|12 Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario.
Ajuste, negociaciones y un acuerdo que se esfuma
El presupuesto de las universidades se devaluó un 35% desde la asunción de Javier Milei y llegaría al 45% a fin de año si no se producen cambios, tomando como base de proyección la inflación estimada por el Relevamiento Mensual del Banco Central. Los fondos disponibles para este año son 4.8 billones de pesos, cuando las universidades aseguran que precisan 7.3 billones para un normal funcionamiento.
Milei vetó la ley sancionada en el Congreso, a lo que ambas Cámaras respondieron dando de baja ese veto. Pero el Presidente optó por seguir sin cumplir con el argumento de que el texto afectaba al superávit fiscal y no especificaba de dónde saldrían las partidas presupuestarias.
Las universidades llevaron el caso a la Justicia, y ante el lento avance de la causa pidieron una cautelar por los artículos 5 y 6, que fue otorgada por fallos de primera y segunda instancia. Como el Gobierno siguió desoyendo al Congreso y a la Justicia, la causa llegó a la Corte Suprema, que ahora ordena que se cumpla la cautelar.
En el medio hubo dos propuestas de parte del Poder Ejecutivo: enviaron un proyecto al Congreso, que no se trató, pero que establecía un aumento del 12% en 3 cuotas. Hace unas semanas mejoraron esa oferta, que pasó a ser del 21,3% de aumento para junio y otro 3% para septiembre.
También incluía un 20% de actualización en gastos de funcionamiento, 50% para las Becas Belgrano y 50 mil millones de pesos extra para Hospitales Universitarios. Esos aumentos debían ejecutarse a partir de julio y los aumentos salariales otorgarse con el medio aguinaldo.
“El acuerdo era para empezar a cumplir la ley. Esto muestra que nunca retiramos la demanda y tampoco dejamos de reclamar porque se cumpla la ley”, sostiene a este medio Anselmo Torres, rector de la Universidad Nacional de Río Negro, quien se sentó en la mesa de negociaciones con el Gobierno. Desde las bases de algunos sindicatos aseguran que la estrategia de negociar es incorrecta y que solo hay que recurrir a la vía judicial.
El Gobierno estira el incumplimiento para ahorrar
El costo fiscal de la Ley de Financiamiento era del 0,2% del PBI para todo el 2026. Unos 1400 millones de dólares, lo mismo que embolsaron las grandes agroexportadoras por la quita de retenciones de septiembre del año pasado. Pero como la aplicación no es retroactiva, cada mes que el Gobierno demora en cumplir le significa un importante ahorro de más de 100 millones de dólares.
Esto le permite fortalecer un superávit jaqueado por la baja de la recaudación y los intereses de la deuda, como el propio FMI señaló en la última revisión del acuerdo —según el Fondo hubo un déficit de 0,8% en 2025—.
Con respecto a cuándo se cumpliría este fallo, desde el sector universitario descartan que el Gobierno intente retrasarlo al menos un mes más. “Seguro van a llamar a paritarias y proponer pagar en cuotas”, sostienen, aunque agregan que van a “intimar al Poder Judicial para que haga cumplir al Gobierno con la Ley”.
Incluso con este fallo, los salarios recuperarán los niveles previos al recorte, pero no lo que perdieron durante 31 meses consecutivos, ya que solo quedarán empatados punta a punta.
