El Gobierno argentino ratificó que no cumplirá la ley de financiamiento universitario, tras una masiva protesta de docentes, estudiantes y autoridades académicas
Cientos de miles de personas salieron a las calles de Buenos Aires y las principales ciudades de Argentina para reclamarle al presidente Javier Milei que detenga el ajuste sobre las universidades públicas. Pero el Gobierno ultra ratificó este miércoles que no cumplirá con la ley de financiamiento universitario porque, sostiene, atenta contra el superávit fiscal. “Pueden juntar 100.000, un millón o cinco millones de personas, pero al otro día la restricción presupuestaria sigue estando ahí”, argumentó el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. El reclamo de la comunidad académica está ahora en manos de la Corte Suprema de Justicia, después de dos fallos que le ordenaron al Ejecutivo respetar la norma vigente.
“Milei, cumplí la ley”, fue el lema central de la marcha federal que atravesó al país el último martes, convocada por autoridades universitarias, sindicatos de profesores y organizaciones estudiantiles, con amplio respaldo social. En Argentina hay 64 universidades estatales, donde estudian más de 2,1 millones de alumnos, enseñan unos 159.000 docentes y trabajan unos 60.000 empleados.
Desde la asunción de Milei en 2023 hasta hoy, las transferencias presupuestarias para las universidades han sufrido una caída acumulada del 45,6%, según denuncia el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Los salarios de profesores y demás trabajadores universitarios han perdido, en el mismo período, más de un tercio de su poder adquisitivo. De acuerdo con un informe del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia y Tecnología (Ciicti), el presupuesto para las universidades argentinas está en su nivel más bajo desde 1989: antes del ingreso de Milei en la Casa Rosada alcanzaba el 0,718% del PIB, mientras que este año es del 0,428% del PIB.
Para revertir los efectos de la motosierra presidencial, un amplio acuerdo opositor aprobó el año pasado en el Congreso la ley de financiamiento universitario. La norma se limita a aumentar los presupuestos del sector a los valores vigentes en 2023, actualizándolos según la inflación. Tendría un impacto estimado del 0,23% del PIB y requeriría, según distintos cálculos, una asignación adicional de entre 2,5 y 3,1 billones de pesos (entre 1.785 y 2.214 millones de dólares). El actual presupuesto universitario, elaborado por el Ejecutivo, incluye 4,8 billones de pesos.
Apenas fue aprobada, Milei vetó la ley de financiamiento universitario. Pero las cámaras de Diputados y Senadores rechazaron el veto con mayorías agravadas. El presidente intentó nuevamente derogar la ley en el presupuesto 2026, pero otra vez el Parlamento votó en contra. Aun así, Milei no cumplió la norma: con un decreto, declaró “suspendida su ejecución hasta tanto el Congreso de la Nación determine las fuentes de su financiamiento”.
“La ley de financiamiento universitario nació muerta. Viola el primer principio, que es el presupuestario”, declaró este miércoles el subsecretario Álvarez. El encargado de Políticas Universitarias del Gobierno cuestionó también, en diálogo con la prensa local, la masiva protesta del día previo: “La marcha es política y está organizada por partidos opositores”, dijo.
Ante el incumplimiento del Gobierno, las universidades recurrieron a fines de 2025 a la justicia. En primera y en segunda instancia, los tribunales dictaron una medida cautelar para que, mientras se dirime la cuestión de fondo, el Ejecutivo comience a pagar los aumentos previstos en la ley para salarios de profesores y empleados, así como para las becas estudiantiles. El juez Martín Cormick sostuvo en su fallo que la Constitución solo prevé, ante el rechazo de un veto presidencial, “la efectiva aplicación de la ley que se trata”. Por eso, sostuvo, el decreto de Milei negándose a aplicar la norma parece “reñido con el principio de división de poderes” e incurriría en “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”, prolongando un “deterioro salarial” que afecta el derecho constitucional a enseñar y aprender, solo para perseguir “un ahorro poco significativo porcentualmente para el presupuesto global” del Estado.
De todos modos, el Ejecutivo se resiste a restituir los fondos recortados a las universidades y apeló ante la Corte Suprema de Justicia, alegando una defensa del equilibrio fiscal. El abogado que patrocina a las universidades, Pablo Manili, respondió el planteo oficial. En diálogo con medios locales, explicó que el Congreso solo debe especificar de dónde surge el financiamiento cuando se trata de nuevas partidas presupuestarias, mientras que en este caso son las mismas partidas, actualizadas por inflación. Y añadió: “Es mentira que quieren mantener el equilibrio fiscal. Si el Gobierno no hubiera bajado el impuesto a los bienes personales para las grandes fortunas, recaudaba el dinero que alcanzaba para pagar esta ley. También eliminó el impuesto a los autos de alta gama, ahí tenían la plata si querían. ¿Otro ejemplo? El presupuesto de los servicios de inteligencia subió en los últimos dos años el 1.000%”, apuntó el abogado constitucionalista. La última palabra la tendrán los jueces del máximo tribunal del país.
