Profesionales de la salud y organizaciones sociales reclamaron ante la cartera que conduce Mario Lugones contra el cierre de la Coordinación de Tuberculosis y Lepra, entre otras dependencias eliminadas. También exigieron el cumplimiento del fallo que obligó al Gobierno a entregar medicación a pacientes vulnerables.
Bajo un calor sofocante, profesionales de la salud, trabajadores sociales, referentes de organizaciones de la sociedad civil, pacientes y familiares abrazaron al Ministerio de Salud de la Nación para exigir un freno a las políticas de recorte que ya cerraron 15 direcciones y coordinaciones a nivel nacional, entre ellas las de tuberculosis, hepatitis, lepra y VIH.
“No se vende la salud, se defiende la salud” fue uno de los cánticos que más sonó durante la protesta, convocada para este martes a las 13 ante la sede del Ministerio nacional y con réplicas en distintos puntos del país. La concentración se realizó un día después de la presentación de una nota ante la cartera que conduce Mario Lugones, con más de 6000 adhesiones, para solicitar una reunión y un cese a los recortes de políticas públicas.
“Hubo una decisión política del Ministerio de Salud de la Nación de cerrar 15 coordinaciones que tienen que ver con la gestión de diversos problemas de salud de alta prevalencia, con la salud de la población. Fundamentalmente tomamos el caso de la tuberculosis: es una enfermedad que existe hoy en Argentina, sobre todo en los grandes conglomerados urbanos. En todo el país. Argentina tiene una de las tasas más altas en adolescencia y existe la tuberculosis infantil. Es una enfermedad que la produce la pobreza, la falta de trabajo. Y esto está en aumento. Ya aumentaron los casos un 11% desde el año pasado. Se cura, pero también se contagia y mata”, advirtió Horacio Boggiano, de la Asociación Metropolitana de Equipos de Salud (AMES), en declaraciones a radio Splendid.
“Lo que uno plantea es una política de Estado que garantice que los equipos de altísimo compromiso ético y profesional que estaban a cargo de la coordinación de cada área no sean eliminados por una cuestión de simpatía o no con el Gobierno Nacional. Y que se den cuenta que la motosierra no corta árboles, corta vidas”, lamentó. Boggiano señaló también que un equipo sobre tuberculosis mal gestionado “implica incertidumbre sobre acceso a medicamentos y un mayor costo económico, porque produce una forma multi-resistente de la enfermedad, para la cual los remedios cuestan 10 o 15 veces más. Por eso la consigna hoy es ‘no negociamos el derecho a la salud y a la vida’. Son políticas suicidas”.
Falta de empatía
Yuli Almirón, presidenta de la Asociación Postpolio Argentina, trabaja a diario en un puesto en la sede del Ministerio de Justicia, blanco de despidos durante todo el año pasado y de un desguace feroz desde el cambio de año. “Tengo un puesto ahí gracias a la ley 24.308, que nos otorga un espacio para poner un local dentro organismos del Estado a personas con discapacidad. Estas últimas semanas vemos a la gente entrar llorando. Eso me mató. Hace diez años que estoy ahí, es como mi familia esa gente. Tienen hijos, no saben cómo van a seguir”, lamentó en diálogo con Tiempo. Testigo de esas postales diarias, reclama también contra los recortes en materia sanitaria.
“Pedimos que dejen de recortar en salud, que tengan un poco más de empatía”, reclamó la mujer, quien además integra espacios de personas con discapacidad y jubilados. “El tema de los medicamentos es vital. Quienes tienen pensión no contributiva, que no alcanza para nada, no pueden comprar medicamentos. Tienen que dejar de tomar los que ahora son de venta libre porque no se los cubren”, cuestionó en diálogo con Tiempo. “En un momento en que hay mucha pobreza y las personas no se alimentan bien, esto es simplemente un genocidio”, definió.
El Observatorio Tuberculosis Argentina también estuvo presente en la protesta. Desde ese espacio, la trabajadora social Nancy Ballestin dijo a este medio: “Veníamos trabajando fuertemente con la Coordinación en mejorar el acceso, los diagnósticos. Las personas a veces hacen tratamiento por otras patologías pero tienen tuberculosis; hay mucha gente en la calle que no llega al sistema de salud, en las cárceles hay mucha tuberculosis y se transmite a quienes cuidan y a los familiares. Trabajo hay un montón para hacer”.
Quienes asisten a pacientes con hepatitis apuntaron en el mismo sentido: “No contar con la Coordinación a nivel nacional generará una fragmentación en la implementación de estas acciones, ya que la responsabilidad recaería en otras áreas del sistema de salud que pueden no contar con los mismos recursos o enfoque especializado”, señaló María Eugenia De Feo, presidenta de la Fundación HCV Sin Fronteras, quien remarcó que las hepatitis B y C afectan a más de 470.000 personas en el país pero solo el 30% conoce su diagnóstico.
Entre las pancartas que se vieron en el abrazo hubo reclamos por la situación del Hospital Garrahan y los despidos en el Posadas, así como lápidas para denunciar el vaciamiento de las políticas de Educación Sexual Integral y Derechos Humanos.
Los casos más graves
También formó parte del abrazo el reclamo por la entrega de medicamentos a pacientes con cáncer y otras enfermedades graves por parte de la Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria (DINADIC), que reemplazó o absorbió a la Dadse en el nuevo organigrama de la cartera de Lugones.
«Si el Gobierno nacional tuviera verdaderamente la voluntad de garantizar el derecho a la salud, en lugar de apelar la decisión del juez de primera instancia debería haber cumplido lo que éste le ordenaba: resolver en 10 días los centenares de trámites demorados en la Dadse, ahora a cargo de la Dinadic», alertó la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA) en la convocatoria al abrazo. Hacía referencia al fallo que ordenó la resolución de los expedientes pendientes en la órbita de la ex Dadse y la entrega de medicamentos en plazos de no más de 60 días. El Gobierno apeló la decisión del juez Marcelo Dos Santos, del Juzgado en lo Civil y Comercial Federal N° 2.
La decisión judicial fue la respuesta a un reclamo colectivo de organizaciones sociales ante las demoras e interrupciones en la provisión de medicamentos y subsidios a pacientes vulnerables desde el comienzo de la gestión de Javier Milei. Durante ese parate en el funcionamiento de la Dadse murieron al menos siete personas en los primeros meses del año pasado. Pero hay quienes calculan que la cifra es mucho mayor: “Tenemos confirmados 60 fallecidos y probablemente haya más”, dijo a la prensa María Fernanda Boriotti, presidenta de Fesprosa.
