En la Reserva Parque Luro, un conflicto laboral que involucra graves acusaciones de violencia laboral y de género se encuentra en pleno desarrollo, con la denuncia realizada por Liliana Rechimont, Secretaria Gremial de ATE. Según la dirigente sindical, el director de la Reserva, Yamil Mustafa, es el principal señalado por estas prácticas sistemáticas que han provocado la renuncia de varios empleados, especialmente mujeres.
Rechimont denunció que Mustafa ha sido acusado por violencia laboral con modalidad de violencia de género, sumando hasta ahora dos denuncias formales. Entre las personas afectadas, mencionó también a tres mujeres que se vieron obligadas a dejar su trabajo como guías de la reserva, tras haber sido víctimas de una violencia persistente tanto por parte de Mustafa como de su esposa. Esta situación ha generado una alarma dentro del ámbito laboral de la Reserva, dependiente de la Secretaría de Turismo de la provincia.
“Es insostenible que la violencia laboral se siga tolerando en un espacio estatal, donde la seguridad y bienestar de los trabajadores deben ser prioridad”, afirmó Rechimont en una conferencia de prensa realizada frente a la Secretaría de Turismo.
Explicó que, a pesar de las denuncias previas, no se ha tomado ninguna medida preventiva para proteger a las víctimas. Según la Ley 643, que regula las condiciones laborales de los empleados estatales, la normativa establece que cuando hay situaciones de violencia, el acusado debe ser apartado mientras se lleva a cabo la investigación, algo que no ha ocurrido en este caso.
Uno de los puntos más críticos que Rechimont destacó fue el descuento de haberes que sufrieron los trabajadores que mantienen una retención de tareas, como medida preventiva ante la violencia. La dirigente sindical remarcó que, lejos de ser reconocida como una acción legítima ante una situación de abuso, se les negó la compensación por su tiempo no trabajado, lo que representa una clara violación a los derechos laborales.
Desorganización, falta de recursos y maltrato
El conflicto no solo se limita a las denuncias por violencia. Según los testimonios de los trabajadores afectados, la falta de recursos materiales y humanos en el Parque Luro ha incrementado la carga de trabajo. Rechimont detalló que los empleados deben realizar múltiples tareas, como cortar pasto, limpiar y atender la portería, todo sin el equipamiento adecuado, como ropa de trabajo apropiada o calzado seguro. “La polifuncionalidad es un delito, está prohibida por la ley 643, pero aquí se está exigiendo a los trabajadores que asuman tareas que no les corresponden, mientras otros compañeros se fueron sin ser reemplazados”, indicó Rechimont, quien subrayó la sobrecarga que enfrentan los empleados por la falta de personal.
Por su parte, Jorge Briguéz, delegado de ATE en Parque Luro, confirmó las denuncias y relató la preocupación generalizada de los trabajadores. “Los empleados se van apenados, no pueden ofrecer un servicio adecuado a los turistas, el Parque está en una situación muy complicada y el turista se va con una visión negativa de la provincia”. Además, explicó que algunos compañeros temen represalias como descuentos salariales o despidos si siguen reclamando por las condiciones en las que deben trabajar.
Rechimont también denunció la falta de respuesta por parte de las autoridades de la Secretaría de Turismo, quienes no han tomado medidas para poner fin a la violencia laboral y para mejorar las condiciones de trabajo en la reserva. “Se está ignorando una situación grave que afecta no solo a los trabajadores, sino también a la calidad de los servicios ofrecidos a los turistas que visitan la provincia”, agregó.
El 11 de junio, ATE presentó la denuncia ante la FIA (Fiscalía de Investigaciones Administrativas), exigiendo medidas urgentes contra los responsables. Mientras tanto, Rechimont asegura que “las autoridades del gobierno provincial, especialmente el secretario de Turismo, Saúl Etcheveste, no han adoptado ninguna postura contundente para resolver el problema de fondo, lo que agrava aún más la situación”.
La falta de acción por parte de la administración provincial ha llevado a ATE a intensificar la presión para que el gobierno de La Pampa tome cartas en el asunto, asegurando que no se puede permitir que el abuso siga afectando la vida de los trabajadores ni la calidad del trabajo en los parques naturales de la provincia.
