En los últimos años la federación aceitera, con su secretario general Daniel Yofra a la cabeza, ha sido ejemplo y estandarte para las luchas sindicales de todos los gremios a lo largo y ancho de nuestro país. Hemos visto noticias de sus grandes paritarias y bonos extraordinarios.
A la luz: el esplendor de la actividad agroexportadora del cordón industrial de Rosario y San Lorenzo, pero en las sombras: sindicatos aceiteros como el Soeia capital y el sindicato de San Luis que conviven negociando con la patronal, en este caso el grupo cordobés Beltrán (líder exportador de carnes de nuestra Argentina).
Estos trabajadores sufren salarios a la baja, despidos y toda clase de atropellos, nunca llegan a cobrar los salarios de sus pares portuarios a causa de espurios acuerdos sellados a espaldas de las bases.
El caso Dánica, es emblemático, una base con años de lucha y resistencia que debe enfrentar permanentemente la práctica desleal de estos dirigentes que han pactado con el grupo Beltrán diversos ataques sin poner la organización gremial al servicio de los trabajadores. De esta manera se fueron imponiendo retiros voluntarios, acuerdos individuales y despidos por el artículo 247 que en muchos casos nunca llegan a pagar, dejando todo en manos de la justicia.
En tan solo 12 meses se pudo ver dos casos testigos, de fraude laboral, tanto en el cierre de Dánica san Luis y el de Llavallol, donde se aplica la misma receta. La historia se repite dos veces, primero como tragedia y después como farsa.
En Llavallol la entrega estuvo avalada por el Soeia capital y su secretario general Diego kañe, quien fue cómplice del grupo Beltrán en esta gran estafa a los trabajadores de Dánica, dejando a más de 60 familias en la calle a tan solo días de las fiestas, debemos destacar que el 90% de estás familias NO HAN RECIBIDO EL PAGO DE SU INDEMNIZACIÓN.
COMPLICIDAD POLITICA
Ahora que los despidos se han consumado el sindicato capital comunica que Dánica reabriría sus puertas y seria el mismo Axel Kicillof, gobernador de la provincia, quien habría decidido intervenir por la reapertura de la planta Llavallol, haciéndolo cómplice para que se concrete este fraude de despidos y salarios a la baja.
Los trabajadores de Dánica, que pudimos entrevistar se preguntan ¿dónde estaba el gobernador Kicillof cuando el cierre de Dánica fue noticia nacional?, ¿dónde estaba el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermin? Muchos de ellos hoy nos muestran actas apócrifas que fueron obligados a a firmar, no han recibido el pago de sus indemnizaciones, fingiendo un cierre para reabrir precarizado a trabajadores en el fraude laboral mas grande de la historia.
Recordemos que, en 2019, mientras los trabajadores que se encontraban luchando contra la política de los Beltrán, la intervención de Kicillof e Insaurralde no vino a ponerle un freno a los ataques y lejos de sancionar a la empresa por sus permanentes lock out y confiscación del salario le cedieron importantes créditos y “ayuda” económica para garantizar el pago de salarios.
Si bien este ataque ocurre durante el gobierno Liberal y antiobrero de Javier Milei que a las claras está haciendo un industricidio, Dánica tiene 85 años de historia y de resiliencia, ha superado todas las crisis, ha pasado el invierno, el rodrigazo, la dictadura, el menemato, el argentinazo, el macrismo, la pandemia y siempre salió adelante gracias a la lucha y resistencia de sus trabajadores. Este falso cierre y reapertura con menos de la mitad de la planta se pudo elaborar gracias a la complicidad de la dirigencia sindical y política quienes le han abierto un surco a una patronal reconocida por su política contra la clase obrera.
Hoy mientras los desocupados de Danica siguen a la deriva, el sindicato nuevamente se ha reunido con la empresa para consumar este fraude, un nuevo acuerdo ahora por 18 meses, con el cual Danica reabriria sus puertas el próximo febrero, de los más de 100 trabajadores despedidos, solo ingresarían 24, en jornadas de 12 hs, para suplir la ausencia de sus ahora excompañeros.
A estos nuevos trabajadores despedidos y contratados nuevamente, la empresa le abonaría el 65 % del salario aceitero y el gobierno provincial aportaría un 10 % más, pasado a limpio si un trabajador cobraba bajo el convenio colectivo de aceitero cobraba 2.000.000, la empresa abonaría 1.300.000 y el estado abonaría 130.000, todo un fraude laboral orquestado por el grupo Beltrán en complicidad con el estado y el Sindicato.
