- El Gobierno nacional disolvió oficialmente el INADI. Justificó esta decisión citando irregularidades en la gestión y la ineficacia del organismo.
- El Ministerio de Justicia anunció que las denuncias por discriminación deben realizarse directamente ante la Justicia. Sin embargo, no se proporcionan detalles específicos sobre nuevos procedimientos o puntos de contacto para estas denuncias.
- Las denuncias por discriminación se pueden seguir haciendo en las comisarías o ante las oficinas del Ministerio Público Fiscal.
El Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial el decreto que dispone la disolución definitiva del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). El organismo fue creado en 1995 con el objetivo de “elaborar políticas nacionales y medidas concretas para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo, impulsando y llevando a cabo acciones a tal fin” en la Argentina.
El Ministerio de Justicia de la Nación, bajo cuya órbita funcionaba el organismo, informó a través de un comunicado que a partir de ahora “quien quiera hacer una denuncia debe realizarla en la Justicia”. Sin embargo, organizaciones de la diversidad sexual advierten sobre las dificultades para afrontar el proceso judicial.
¿Qué dice el decreto? ¿Qué va a pasar con la legislación que criminaliza la discriminación? ¿Dónde denunciar un hecho de discriminación? Te lo contamos en esta nota.
¿Qué dice el decreto?
El Decreto 696/2024 indica que todos los recursos materiales y financieros del INADI serán transferidos al Ministerio de Justicia. También establece que será el Ministerio el encargado de elaborar y ejecutar las políticas nacionales contra la discriminación, xenofobia y racismo de ahora en adelante, pero no menciona qué pasará con la Línea 168 por la cual se podía denunciar este delito.
Esta decisión, según el Gobierno, se fundamenta en una serie de irregularidades y problemas detectados en la gestión del organismo. De acuerdo con el decreto, se observaron “graves irregularidades en la contratación de personal, arrendamiento de inmuebles y utilización de recursos; sobredimensionamiento excesivo de la estructura funcional; retrasos injustificados en la solución de denuncias y expedientes administrativos e ineficacia e ineficiencia en la obtención de resultados concretos vinculados a la materia de su competencia”.
El decreto se centra principalmente en la disolución del organismo y la transferencia de sus funciones, pero no proporciona detalles sobre los nuevos procedimientos o puntos de contacto para denuncias de discriminación. Ante la consulta de Chequeado sobre este punto, desde el área de comunicación de la cartera de Justicia indicaron que se puede denunciar “en la Justicia, como cualquier delito”.
El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, publicó en su cuenta de X: “Disolvimos el INADI. Ente ideológico de uso político partidario. Despedimos a los empleados y devolvimos el edificio. Nuestra gestión se concentra en achicar el Estado y cerrar los organismos innecesarios. No creemos en la utopía del Estado eficiente”.
¿Qué va a pasar con la legislación que criminaliza la discriminación?
A pesar de la disolución del INADI, la legislación que criminaliza la discriminación sigue vigente en el país. La Ley 23.592 indica, en su artículo 3, que “serán reprimidos con prisión de un mes a 3 años los que participaren en una organización o realizaren propaganda basados en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color, que tengan por objeto la justificación o promoción de la discriminación racial o religiosa en cualquier forma”.
Luego, advierte que “en igual pena incurrirán quienes por cualquier medio alentaren o incitaren a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas”.
María Rachid, titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, e integrante de la comisión directiva de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (FALGBT), explicó a Chequeado: “La solución que la legislación le da hoy a una persona que atraviesa una situación de discriminación es comenzar un juicio patrimonial extremadamente caro, largo y con pocas posibilidades de éxito por las pocas herramientas que da la ley para este reclamo”.
Además, advirtió que la Ley 23.592 “no incluye a todos los grupos vulnerados, no está la diversidad”.
“En general, no se hacen denuncias por esa ley porque lo que propone es un juicio por discriminación, que es patrimonial (para pedir el cese de la discriminación y una reparación). Para eso, hay que pagar tasas que son un porcentaje de lo que reclamás, va por Justicia ordinaria, muy lento y muy difícil de probar”, indicó.
¿Dónde denunciar un hecho de discriminación?
En las redes del Ministerio de Justicia se publicó un comunicado oficial que explica que “quien quiera hacer una denuncia debe realizarla ante la Justicia”. Por lo tanto, las denuncias por discriminación se pueden seguir haciendo en las comisarías o ante las oficinas del Ministerio Público Fiscal.
En la Ciudad de Buenos Aires existe una fiscalía especializada en discriminación. Para denunciar se puede llamar al 0800 33 FISCAL que atiende las 24 horas. También, se puede denunciar online, de manera presencial a las distintas unidades de orientación y denuncia (UOD), o desde la app “Denuncias MPF”.
Respecto a dónde denunciar, Rachid explicó: “La recomendación depende de dónde sucede la discriminación. En algunas localidades está la contravención contra la discriminación, que en algunos casos podría servir para denunciar en la justicia contravencional. En otros, hay ley contra la discriminación como en la Ciudad de Buenos Aires y La Rioja”.
En la Ciudad también se pueden denunciar en comisarías las infracciones al Código Contravencional, que en su artículo 70 penaliza a “quien discrimina a otro por razones de raza, etnia, género, orientación sexual, edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, social, económica, laboral o por cualquier otra circunstancia que implique exclusión, restricción o menoscabo de derechos y garantías (…)” a una sanción de 2 a 10 días de trabajo de utilidad pública o entre 158 y 793 “unidades fijas de multa”.
En la Provincia de Buenos Aires, además de denunciar en comisarías, si se trata de posibles vulneraciones a derechos humanos se puede acudir a la Subsecretaría de Derechos Humanos, a través del mail (denunciasdh@mjus.gba.gob.ar), al 0800 666 0943 las 24 horas, o al Whatsapp 221 589 5591 de 8 a 18 horas.
“En algunos casos podría servir la ley antidiscriminatoria, o la de identidad de género, o el artículo de injurias del Código Penal, pero son soluciones muy parciales para casos muy concretos. La gran mayoría de las situaciones de discriminación hoy no tienen respuesta”, advirtió la especialista Rachid.
Además, indicó que la Línea 168, a la que se podía comunicar la víctima de discriminación, ya no funciona. Ante la consulta de Chequeado al área de comunicación del Ministerio de Justicia de la Nación sobre esta línea telefónica, no se obtuvo respuesta hasta el cierre de esta nota.
