El gobierno nacional anunció que no prorrogará la vigencia de la Ley 27.705 de moratoria previsional que vence el próximo 23 de marzo. El fin de esta medida tendrá mayor impacto sobre las mujeres, quienes enfrentan más dificultades para cumplir con los requisitos establecidos debido a inequidades estructurales en el ámbito laboral que aún hoy se mantienen. Yolanda Aguilar, abogada previsional, explica las consecuencias que traería esta medida que desconoce un derecho conquistado y las posibilidades de concretar el trámite antes de su cierre.
La moratoria previsional es un mecanismo que permite a hombres y mujeres completar sus 30 años de aportes para poder jubilarse. Nuestro sistema exige dos condiciones básicas para acceder a una jubilación, una es la edad jubilatoria, tener 60 años para las mujeres y 65 años para los hombres y la segunda es contar con 30 años de aportes. para quienes no alcanzan los 30 años de aportes requeridos, la moratoria brinda la posibilidad de regularizar los años faltantes a través de un plan de pagos, cuyos montos se descuentan mensualmente del haber jubilatorio, permitiendo que las personas accedan al beneficio sin asumir un costo inicial elevado. Esto ha sido especialmente relevante para mujeres que han dedicado gran parte de su vida a tareas no remuneradas como el cuidado del hogar o de familiares.
Al terminarse la moratoria, muchas personas ya no van a poder completar sus 30 años de aportes y quedarán excluidas del sistema jubilatorio, quedándose solo con la posibilidad de tener que esperar hasta los 65 años para acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que representa solo el 80 por ciento de la jubilación mínima.
Las estadísticas que ANSES brinda cada cuatrimestre muestran que sin la moratoria vigente, solo 3 de cada 10 hombres y apenas 1 de cada 10 mujeres podrán jubilarse. Esto significa que el 90% de las mujeres a partir de abril se quedarían sin la posibilidad de obtener su jubilación. El impacto mayor sobre las mujeres responde a razones estructurales, tales como: interrupciones laborales: muchas mujeres interrumpen su vida laboral para maternar lo que afecta su posibilidad de acumular aportes; reinserción laboral precaria: al regresar al mercado laboral, suelen hacerlo a un trabajo de menor calidad, sin aportes, o de manera informal; y tareas de cuidado no remuneradas: las mujeres son también las que asumen mayoritariamente el cuidado de familiares mayores o personas dependientes sin reconocimiento económico ni previsional.
Otro efecto negativo para las mujeres
Actualmente, con la moratoria, las mujeres pueden completar sus aportes y jubilarse a los 60 años. Sin embargo, al eliminar esta herramienta, muchas deberán esperar hasta los 65 años para acceder a la PUAM, cuyo monto equivale al 80% de la jubilación mínima. Esto genera una inequidad adicional, ya que, aunque no se modifica formalmente la edad jubilatoria, en la práctica las mujeres se ven obligadas a esperar hasta los 65 años para acceder a una pensión. Sin decirlo en una ley, en los hechos se está aumentando la edad jubilatoria.
Las moratorias siempre fueron una posibilidad de jubilarse para aquellos hombres y mujeres que incluso con trabajos formales, no “aparecen” sus aportes”. Hay una concepción de que la moratoria es para toda aquella persona que nunca trabajó, nunca aportó o nunca quiso hacerlo, sumando al estigma de que quien se jubila por moratoria es “un jubilado/a de segunda”. Existen distintas circunstancias que llevaron a muchas personas a aceptar trabajos informales (quién no quisiera tener aportes, aguinaldo, vacaciones pagas) pero a veces fue necesario aceptar condiciones laborales de subsistencia momentánea. Y por otro lado, nada se dice del empleador que muchas veces ha realizado el descuento al trabajador pero no lo ha volcado al sistema. En realidad todo eso es un prejuicio porque son personas que han trabajado toda su vida. No es que no han hecho aportes, el empleador no hizo el aporte y tuvieron que aceptar esa situación para poder comer.
Cuando se establecieron las moratorias allá por el 2004, se las llamó “jubilación de amas de casa” porque fueron esas mujeres las que primero pudieron aprovecharla. Hasta ese momento el trabajo que hacían las amas de casas no estaba reconocido, fue un gran avance, un derecho y un reconocimiento social y económico de ese trabajo, que esa mujer se quede en su casa cuidando a sus hijos, manteniendo el hogar, posibilitó que ese hombre pudiera salir a trabajar.
El segundo gran avance fue reconocer años de aportes por tareas de cuidado, es decir, por cada hijo que las mujeres tienen, se les reconoce determinada cantidad de años de aportes. Sin embargo, aún queda pendiente una ampliación de estas medidas para incluir todas las formas de cuidado que sostienen la economía y las familias también debería reconocer las tareas de cuidado que realizan de otros familiares dependientes.
La moratoria de la 27705 fue muy difícil que se apruebe porque el FMI no quería. Por eso también es una moratoria que es muy cara y las mujeres que han enfrentado precarización laboral o ingresos reducidos están en desventaja para afrontar este gasto, lo que limita también su capacidad de acogerse a los beneficios de la moratoria.
Como mencioné anteriormente, desde abril toda aquella persona que no complete aportes tendrá como única alternativa acceder a la PUAM, a los 65 años, que es menos que la jubilación mínima. Es el 80% de la mínima.
Ahora bien esto puede generar inequidades, como por ejemplo, que personas con 20 años de buenos aportes, accedan a esta pensión sin poder hacer valer esos aportes, o que, incluso, al no pasar la evaluación socioeconómica no puedan ni siquiera acceder a la PUAM. Por ejemplo, un caso concreto. Una mujer que no puede acceder a la moratoria, tiene que esperar hasta los 65 años, pero tiene 20 años de aportes, le faltaron 10 pero sin la moratoria, no los puede completar. Esa mujer va a cobrar menos de la mínima teniendo 20 años de aportes.
Un derecho en riesgo
Entiendo que en la decisión de no prorrogar la moratoria hay una cuestión no solo económica, por exigencias de organismos internacionales como el FMI, sino también, pareciera una cuestión de mostrarse fuerte con los débiles, fuerte con los que más necesitan y menos posibilidades tienen. Si bien, a nivel mundial, el régimen de seguridad social está en constante revisión por múltiples factores, pero esta revisión es necesario hacerla con coraje e inventiva para encontrar mecanismo que lo mantengan inclusivo especialmente de las más vulnerables. Lo ideal sería que antes del 23 de marzo las personas averigüen si pueden realizar el trámite para poder jubilarse.
En medio de los cambios, hay una última incertidumbre, la ley 27705 consta de dos capítulos, uno es el que posibilita completar años de aportes a las personas que ya tienen la edad para jubilarse, ese es el que vence en marzo. Pero también tiene otro capítulo que permite completar aportes a las personas que aún no han llegado a la edad jubilatoria, pero que saben que cuando lleguen a la edad les va a faltar aportes, entonces pueden empezar a realizarlos con este mecanismo y esta parte de la ley no tiene vencimiento, por lo tanto, continúa, es decir, que estas personas que no llegan a la edad para jubilarse podrían seguir completando aportes después de marzo. Sin embargo, estamos en una incertidumbre porque no sabemos si van a respetar la vigencia de este capítulo de la ley y en su caso, si así no lo hiciera, creo que se abre la posibilidad de iniciar un reclamo judicial.
*Abogada previsional (CPACF Tº 77 Fº 585) @derechoalajubilacion
