La Confederación General del Trabajo (CGT) se expresó en contra de los diferentes episodios de violencia e intimidación que sucedieron en las ciudades de Rosario y Venado Tuerto contra trabajadores judiciales y legislativos de la provincia de Santa Fe, por los cuales, el titular de la Corte Suprema (CSJN), Horacio Rosatti, le pidió medidas de protección al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.
“Los delitos y amenazas llevados adelante por aquellos que pretenden instalar un clima de temor son una agresión a toda la sociedad, y en este sentido las autoridades nacionales y provinciales deben adoptar todas las medidas que sean necesarias para detener estos hechos y que los responsables afronten las responsabilidades penales de sus acciones”, expresaron desde la central obrera en un comunicado.
El encuentro entre Rosatti y Fernández se dio luego de las amenazas de muerte que sufrieron el juez y el fiscal federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa y Javier Arzubi Calvo, al igual que un grupo de funcionarios judiciales de Rosario. Previamente, la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Susana Pepino, y el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, habían sido intimidados mediante un mensaje de WhatsApp.
Estos hechos se dan en plena escalada de violencia en territorio santafesino producto de la problemática de la narcocriminalidad, donde se registraron balaceras contra comisarías, el Servicio Penitenciario y dependencias judiciales. Por este motivo, es que desde el Gobierno nacional se comprometieron a intensificar la custodia y evaluar medidas de protección, con mayor presencia de las fuerzas de seguridad.
“Esta Confederación General del Trabajo bregará por la paz social y la armonía de los argentinos y argentinas, comprendiendo que la búsqueda de este objetivo debe realizarse de forma mancomunada y colectiva”, finalizaron desde la central obrera.
