Con críticas de los centros de estudiantes por cambios en la reglamentación.
Luego de casi diez meses de la aprobación en la Legislatura porteña de la ley de boleto gratuito universitario, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) reglamentó la norma y abrió el registro para que los y las estudiantes de ese nivel puedan acceder al boleto gratuito. Lo hizo después de que la Justicia se lo ordenara tras un amparo de los centros de estudiantes, que ahora advierten que el modo en que el GCBA puso en marcha la inscripción es más restrictivo de lo que establece la ley original. Entre otros puntos, la reglamentación modificó los criterios para establecer qué estudiante es alumno regular sin respetar los que ya tienen definidos las propias casas de estudio.
La resolución que reglamentó la ley ya fue publicada la semana pasada en el Boletín Oficial porteño y ahora el GCBA habilitó la página web en la que es posible inscribirse en el nuevo régimen, que amplía la gratuidad del boleto estudiantil al nivel terciario, al universitario y al de formación técnico profesional de la educación superior. Hasta ahora el boleto gratuito sólo aplicaba para los niveles obligatorios de la educación.
La propia web indica que el boleto gratuito tendrá vigencia de lunes a sábados entre las 5 y las 24 horas, durante el período lectivo efectivo, es decir excluyendo las vacaciones, y que se limitará a los días con cursada presencial. A continuación, la página advierte sobre los requisitos necesarios para poder acceder a la gratuidad, dos de los cuales ya estaban establecidos en la ley aprobada en diciembre del año pasado: tener residencia dentro de la Ciudad y pertenecer a un hogar encuadrado, como máximo, en la categoría de sector medio frágil según la clasificación actualizada del Instituto de Estadística y Censos porteño, que hoy lo ubica en un tope de alrededor de 1.9 millones de pesos por hogar.
Allí, sin embargo, aparece una modificación con respecto al texto de la norma, en lo que atañe al modo de confirmar la regularidad de los alumnos de las instituciones. La ley sólo hacía mención a que los beneficiarios deben “revestir calidad de alumno regular” bajo el criterio de cada universidad, mientras que la reglamentación establece criterios específicos para acreditar esa condición a excepción de los estudiantes de formación técnico profesional, que podrán ingresar sólo con acreditar la inscripción en los módulos curriculares.
Para los estudiantes universitarios y terciarios, en cambio, sí se fijan criterios especiales. Los ingresantes, por ejemplo, deben acreditar inscripción activa en materias presenciales del ciclo lectivo en curso y haber finalizado el nivel secundario sin adeudar materias. Los “avanzados universitarios“, por su parte, deben acreditar “haber aprobado al menos tres materias en los últimos doce meses, incluyendo al menos una en el cuatrimestre o semestre inmediato anterior“, mientras que los “avanzados terciarios” deben acreditar “haber aprobado la totalidad de las materias de su año académico anterior, debiendo contener el año académico un mínimo de tres materias”.
Los criterios distan de los ya establecidos por la mayoría de los establecimientos, que ahora deberían comenzar a emitir constancias especiales que el GCBA denominó “Certificado Boleto Educativo“. Isabel González Puente, presidenta del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras (Cefyl), indicó a Página/12 que, en el caso de la UBA, “los criterios para acreditar la regularidad son diferentes, lo cual hace imposible que podamos acreditarlo porque el certificado que expide la universidad no dice lo mismo que lo que ahora pide el GCBA”.
“Por eso planteamos que tienen que respetar lo que establece cada institución porque la autonomía universitaria establece que es la universidad la que regula su funcionamiento, el padrón de estudiantes y los criterios de regularidad, que además son más que válidos: tienen que ver con haber cursado una serie de materias por año o haber rendido finales”, sostuvo y agregó que “reclamamos que se implemente el boleto tal como lo dice la ley, sin que haya cambios arbitrarios y que dejen de poner excusas y palos en la rueda para acceder al boleto porque realmente la situación económica está muy complicada y hay estudiantes que ya no pueden ir a la facultad por el precio del boleto”.
En conjunto con otros centros de estudiantes como el de Ciencias Sociales, el de Ciencias Exactas y Naturales y el de Arquitectura y Urbanismo, el Cefyl es uno de los centros que protagonizan uno de los amparos judiciales que derivó en el fallo de primera instancia de julio, en el que el juez Francisco Javier Ferrer decidió otorgar la medida cautelar para ordenar al GCBA que cumpla con lo aprobado en la Legislatura. Tatiana Fernández Martí, secretaria general del Cefyl, que también presentó un amparo en el mismo proceso sostuvo que la reglamentación “deja afuera a miles de estudiantes“, que “excede la ley aprobada”, y que “no se corresponde con la realidad de la cursada, menos de quienes trabajan, y tampoco con las diferencias entre los planes de estudio de las carreras”.
Este diario consultó a fuentes del Ministerio de Educación porteño sobre la decisión de implementar criterios específicos para la acreditación de alumno regular y respondieron que se busca “tener mayor seguridad de que el alumno está cursando“. Además de esos criterios, la reglamentación también incluye un mecanismo de “verificación periódica y continuidad del beneficio” que, en el caso de los universitarios y terciarios, estipula que “la regularidad será verificada cuatrimestralmente“.
