El Consejo Superior de la universidad pidió que el máximo tribunal resuelva “a la mayor brevedad” la causa vinculada a la aplicación de la norma. El planteo llegó tras la cuarta Marcha Federal Universitaria.
La Universidad de Buenos Aires (UBA) presentó un pedido formal ante la Corte Suprema de Justicia para que avance con rapidez en la causa judicial relacionada con la Ley de Financiamiento Universitario y ordene al Gobierno de Javier Milei su aplicación inmediata.
La solicitud fue impulsada por el Consejo Superior de la institución y se conoció un día después de la cuarta Marcha Federal Universitaria, que reunió a miles de personas en Plaza de Mayo y en distintos puntos del país en defensa de la educación pública.
Desde la UBA sostuvieron que la Ley 27.795, aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso, tiene impacto directo sobre el presupuesto de las universidades nacionales y también sobre la recomposición salarial de docentes y no docentes.
En el escrito presentado ante el máximo tribunal, las autoridades universitarias remarcaron que el Poder Ejecutivo “no cuenta con un fallo definitivo favorable” que le permita continuar sin aplicar la norma votada por el Congreso.
Además, advirtieron sobre el deterioro presupuestario que atraviesan las universidades públicas. Según señalaron, las transferencias destinadas al sistema universitario registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026.
La UBA también alertó por las consecuencias que esa situación genera en áreas sensibles como las becas estudiantiles, los proyectos de investigación científica y el funcionamiento de hospitales universitarios, entre ellos el Hospital de Clínicas.
La disputa judicial llegó a la Corte Suprema luego de que la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal aceptara un recurso extraordinario presentado por el Gobierno nacional y suspendiera la medida cautelar que obligaba al Estado a transferir los fondos previstos en la ley.
El reclamo de la universidad se suma a la creciente tensión entre el Gobierno y el sistema universitario, que volvió a manifestarse masivamente en las calles durante la jornada del martes.
Los próximos pasos judiciales
La Corte está en condiciones de emitir sentencia por lo que las expectativas quedan puestas en su próxima reunión de acuerdo, el jueves. Según marca la normativa, en estos casos no es necesario que gire el expediente al Ministerio Público Fiscal para que emita opinión, aunque puede requerirla.
Paralelamente, las universidades impulsan un incidente de ejecución de sentencia en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal para que se liberen las transferencias pendientes. Hasta que la Corte no resuelva el recurso extraordinario, la ejecución de la ley permanece suspendida y el Ejecutivo no está obligado a realizar las erogaciones correspondientes.
Sin embargo, no existen plazos para que se pronuncie el máximo tribunal. Fuentes consultadas confirmaron a TN que la Corte podría rechazar el recurso sin entrar al fondo del asunto, invocando el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Si adopta esa postura, quedaría firme la sentencia de Cámara que obliga al Gobierno a transferir los fondos.
